«Fotomultas anuladas por MinTransporte: guía para recuperar su dinero en 2024»

Conductor revisando en su computador la lista de fotomultas anuladas por MinTransporte con comprobante de pago en mano

Fotomultas en Colombia: El Ministerio de Transporte anuló miles de comparendos por irregularidades. Así puede recuperar su dinero.

El Ministerio de Transporte de Colombia declaró nulas más de 1.2 millones de fotomultas emitidas entre 2018 y 2023, tras identificar fallas en los procesos de notificación y en la operación de los sistemas de fotodetección. La decisión, anunciada en diciembre de 2023, afecta a conductores de todo el país que pagaron sanciones por infracciones como exceso de velocidad, invasiones a cebras peatonales o cruce de semáforos en rojo sin recibir una notificación válida.

Según el ministro William Camargo, las irregularidades incluyeron notificaciones enviadas a direcciones incorrectas, plazos vencidos para impugnar y falta de evidencia clara en los registros fotográficos. «No podemos permitir que los ciudadanos paguen multas que no cumplen con los requisitos legales«, declaró en rueda de prensa. La medida también obliga a las autoridades de tránsito a devolver el dinero a quienes ya cancelaron estas sanciones, un proceso que podría beneficiar a cientos de miles de conductores.

¿Cuáles son las fotomultas anuladas?

La resolución 000240 de 2023 del MinTransporte detalla que se anulan las multas impuestas por:

  • Fotodetección sin certificación vigente: Equipos que operaban sin la calibración técnica obligatoria.
  • Notificaciones defectuosas: Cartas enviadas a domicilios desactualizados o sin prueba de recepción.
  • Falta de claridad en la evidencia: Fotografías borrosas o sin fecha/hora legibles.
  • Plazos incumplidos: Multas notificadas después de los 6 meses establecidos por la ley.

Entre las ciudades con más casos destacan Bogotá (450.000 multas), Medellín (280.000) y Cali (120.000). También se incluyen sanciones emitidas en municipios como Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, donde los sistemas de fotodetección presentaron fallas recurrentes.

Pasos para reclamar la devolución del dinero

Si pagó una fotomulta entre 2018 y 2023 y cree que está dentro de las anuladas, siga estos pasos:

  1. Verifique si su multa está en la lista: Consulte el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) con su número de cédula o placa del vehículo en este enlace. El sistema mostrará si su sanción fue declarada nula.
  2. Reúna los soportes: Tenga a mano el comprobante de pago (recibo bancario o factura), copia de la cédula y el número de la multa.
  3. Presente la solicitud: Diríjase a la Secretaría de Movilidad de su ciudad o al organismo que emitió la multa (ej: SIMUR en Bogotá, SIM en Medellín). También puede hacerlo virtualmente a través de la página web del RUNT.
  4. Espere la respuesta: Las autoridades tienen 30 días hábiles para resolver. Si la devolución es aprobada, el dinero se transferirá a la cuenta bancaria registrada en el RUNT.

El plazo para reclamar vence el 30 de junio de 2024. Después de esta fecha, los recursos no reclamados pasarán a fondos del Fondo de Seguridad Vial.

¿Qué pasa si la multa ya estaba en cobro coactivo?

Si su multa estaba en proceso de cobro judicial, la anulación detiene automáticamente las acciones legales. Sin embargo, debe presentar una solicitud formal de levantamiento ante la entidad que adelantaba el cobro (generalmente la DIAN o una tesorería municipal). Incluya:

  • Copia de la resolución de anulación (disponible en el RUNT).
  • Comprobante de pago de la multa.
  • Carta firmada solicitando la suspensión del proceso.

En casos donde ya se hayan embargado bienes o retenido salarios, el dinero desembolsado será reintegrado en un plazo de 60 días.

Errores comunes que evitan la devolución

Las autoridades advierten sobre estos errores al reclamar:

  • Falta de soportes: Sin el comprobante de pago, la solicitud será rechazada.
  • Datos desactualizados: Si su dirección o cuenta bancaria en el RUNT no está al día, la devolución se retrasará.
  • Multas no anuladas: Algunas sanciones (ej: por conducir en estado de embriaguez) no están incluidas en la resolución.
  • Plazos incumplidos: Presentar la solicitud después del 30 de junio de 2024 invalida el reclamo.

«Hemos recibido más de 15.000 solicitudes en la primera semana, pero el 30% han sido devueltas por documentación incompleta«, explicó María López, subdirectora de Movilidad de Bogotá. Recomienda verificar los requisitos antes de acercarse a las oficinas.

¿Cómo saber si mi multa es válida o no?

Si tiene dudas sobre si su fotomulta cumple con los requisitos legales, revise estos puntos:

  • Notificación: Debió recibirla en su domicilio registrado en el RUNT dentro de los 6 meses siguientes a la infracción.
  • Fotografía clara: La imagen debe mostrar la placa, fecha, hora y la infracción cometida (ej: semáforo en rojo).
  • Equipo certificado: Los radares o cámaras deben estar avalados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).

Si su multa incumple alguno de estos criterios, tiene derecho a la devolución incluso si no está en la lista inicial. En ese caso, presente una queja formal ante la Superintendencia de Transporte con las pruebas correspondientes.

¿Qué hará con el dinero recuperado? Mientras miles de colombianos preparan sus solicitudes, el debate sobre la eficacia de los sistemas de fotodetección sigue abierto. «La tecnología debe servir para salvar vidas, no para recaudar fondos de manera arbitraria«, concluyó Camargo.

El negocio detrás de las fotomultas: ¿recursos para seguridad vial o recaudación cuestionable?

Mientras el Ministerio de Transporte anula 1.2 millones de sanciones, el debate sobre el modelo económico de las fotomultas en Colombia resurge. Según informes de la Contraloría General, entre 2018 y 2022, los ingresos por este concepto superaron los $1.5 billones de pesos, pero solo el 30% se destinó a programas de seguridad vial. El resto cubrió costos operativos de empresas privadas que gestionan los sistemas de fotodetección, como Red de Movilidad S.A.S. (Bogotá) o Concesionaria Vial de Occidente (Cali), cuyas ganancias, en algunos casos, alcanzaron márgenes del 40% sobre el valor de las multas recaudadas.

El esquema actual opera bajo contratos de concesión donde las empresas instalan y mantienen los equipos, pero reciben un porcentaje fijo (entre 15% y 25%) de cada multa pagada. Esto genera un conflicto de interés estructural: a mayor número de sanciones, mayores ingresos para los operadores. En 2021, un estudio de la Universidad de los Andes reveló que el 68% de las fotomultas en Bogotá se concentraron en 100 puntos específicos, muchos cerca de zonas con límites de velocidad cambiantes o semáforos de tiempo reducido, lo que sugiere una optimización para maximizar infracciones, no para reducir accidentalidad. Países como Alemania o Suecia prohíben este modelo: allí, las multas se gestionan directamente por el Estado y los excedentes financian campañas educativas.

La anulación masiva expone otra falla: la falta de transparencia en los costos. Mientras un comparendo por exceso de velocidad cuesta al infractor $482.000 COP, el costo real de procesarlo (notificación, gestión administrativa) no supera los $50.000 COP, según cálculos de la Federación Colombiana de Municipios. La diferencia, en teoría, debería ir a seguridad vial, pero auditorías recientes encontraron que en ciudades como Medellín, menos del 20% de esos recursos se invirtieron en señalización o pedagogía.

¿Hacia un sistema sin incentivos perversos?

La crisis actual podría acelerar reformas pendientes. El proyecto de ley 012 de 2023, en discusión en el Congreso, propone eliminar la participación privada en la emisión de fotomultas y crear un Fondo Único de Seguridad Vial con recursos 100% estatales. Además, plantea que las sanciones por infracciones leves (como exceso de velocidad menor a 20 km/h) se reemplacen por cursos virtuales de conducción, reduciendo la recaudación pero priorizando la pedagogía. El precedente de Ecuador, donde un sistema similar redujo muertes en carretera en un 30% entre 2019 y 2022, respalda esta opción. Sin embargo, la resistencia de los municipios —que dependen de estos ingresos para cubrir déficits presupuestales— podría retrasar los cambios. La pregunta clave no es solo cómo devolver el dinero, sino cómo garantizar que el próximo modelo no repita los mismos errores.

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