Crisis institucional: 17 gobernadores rechazan el decreto de emergencia económica de Petro y anuncian acciones legales y administrativas para frenarlo.
En un hecho sin precedentes recientes, 17 de los 32 gobernadores del país se plantaron frente al decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La consigna es clara: la autonomía regional no se negocia y los recursos departamentales se defienden con firmeza.
La tensión escaló durante la cumbre de gobernadores en Bogotá. Mientras el Gobierno Nacional argumenta que el decreto es una herramienta urgente para obtener recursos destinados a salud y pago de deudas, los mandatarios lo ven como un ataque a su independencia financiera.
La indignación une incluso a figuras cercanas al proyecto de Petro, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien se sumó al bloque que exige respeto por los recursos de sus territorios.
Las tres estrategias para frenar el decreto
Los gobernadores diseñaron una hoja de ruta que combina presión judicial y resistencia administrativa. El primer frente será una «tutelatón» masiva, donde cada mandatario interpondrá acciones de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.
El segundo camino, el más polémico, es la no aplicabilidad. Bajo el liderazgo de Antioquia, varios departamentos evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad para ignorar el decreto, especialmente en impuestos al consumo como licores y cigarrillos.
El tercer pilar consiste en una delegación de gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño que solicitará a la Corte Constitucional ser escuchados formalmente para explicar por qué estas medidas «asfixian» financieramente a las regiones.
Antioquia lidera la resistencia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se convirtió en el vocero más contundente de esta rebelión. Rendón asegura que la «urgencia» del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario.
Según su análisis, la aplicación inmediata del decreto generaría una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales, algo evitable mientras la Corte Constitucional realiza su control automático. Para Antioquia, el decreto es una amenaza inminente a la autonomía fiscal y un sacrificio innecesario para los ciudadanos.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó que se está elaborando un documento jurídico para que los gobernadores no apliquen el decreto en sus regiones, según sus particularidades, hasta que la Corte emita un concepto.
La gobernadora del Meta advirtió sobre una «desarticulación catastrófica» entre el Gobierno y las regiones, calificando el decreto como «violatorio» del orden constitucional.
La Corte Constitucional decidirá el futuro
El pulso ahora se traslada a un terreno de incertidumbre jurídica. Mientras el Gobierno insiste en que las medidas son indispensables para estabilizar la economía, los gobernadores dejaron claro que no permitirán que la autonomía territorial sea sacrificada en nombre de la emergencia económica.
El país asiste a un enfrentamiento institucional donde la defensa del territorio se convirtió en la nueva bandera de los mandatarios departamentales frente a la Casa de Nariño.
