Gobierno en alerta: El aumento del 23,7% en el salario mínimo desató tensiones con los gremios económicos, especialmente con el sector constructor.
El presidente Gustavo Petro acusó a Camacol de «estafa delictiva» por indexar precios de vivienda al salario mínimo, exigiendo investigaciones y amenazando con retener subsidios públicos. Sin embargo, la ley y el Plan Nacional de Desarrollo —aprobado por su propio Gobierno— fijan los topes de precios en salarios mínimos, no en pesos.
El mandatario advirtió en X que no permitirá que los empresarios trasladen el alza salarial a los precios, argumentando que el incremento debe impulsar ventas y productividad, no inflación.
Sector constructor responde: «No somos los culpables»
La concejal de Bogotá Sandra Forero criticó las declaraciones de Petro, señalando que generan incertidumbre en un sector aún afectado por el impacto del salario mínimo. «Las constructoras no están estafando a nadie», afirmó, citando el artículo 293 del Plan Nacional de Desarrollo, que vincula los precios de vivienda VIS y VIP al salario mínimo.
Forero explicó que el tope para una vivienda VIP es de 90 salarios mínimos, mientras que para la VIS alcanza 135 salarios (150 en áreas metropolitanas). En contraste, las viviendas de estratos medios y altos no están indexadas y sus precios dependen del mercado.
Camacol rechazó las acusaciones y aclaró que el gremio no ha definido incrementos de precios. «El alza del salario mínimo nos tomó por sorpresa», declaró, destacando que el sector enfrenta un crecimiento de costos del 10% al 13% por este ajuste.
El gremio también alertó sobre las consecuencias del programa Mi Casa Ya: 24.000 familias desistieron de comprar vivienda en 2025 tras su cancelación, agravando la crisis del sector, que registra un 14% de desempleo y 70% de informalidad.
¿Control de precios o riesgo legal?
El Gobierno no solo apunta a Camacol. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, mencionó en W Radio la necesidad de controlar la especulación para evitar un «desbordamiento inflacionario». Además, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, pidió a las aerolíneas mantener tarifas estables durante la temporada de fin de año, bajo amenaza de sanciones.
Petro insiste en que el aumento salarial debe traducirse en mayor productividad, no en precios más altos. Sin embargo, su estrategia choca con la realidad legal: desindexar la vivienda VIS del salario mínimo requeriría modificar el Plan Nacional de Desarrollo, algo que solo el Congreso puede hacer.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que desindexar por decreto sería ilegal y afectaría inversiones y ahorros. «El problema no es el sector privado, sino una política salarial desproporcionada», afirmó.
Desindexación: ¿solución o nuevo problema?
Desde 2023, el Gobierno ha desvinculado 225 productos y servicios del salario mínimo para proteger el poder adquisitivo. Entre ellos, alimentos básicos como leche y carne, matrículas educativas, cuotas de EPS y transporte intermunicipal.
Sin embargo, la vivienda VIS y VIP sigue atada al salario mínimo por ley. Un decreto para desindexarla, como propone Petro, podría generar un vacío legal y ahuyentar inversiones, según expertos.
«La desindexación no es viable por decreto», reiteró Herrera. «Se necesita un debate técnico, no medidas que trasladen la responsabilidad a los empresarios».
Mientras tanto, el sector constructor enfrenta un panorama incierto: costos en alza, demanda en caída y un Gobierno que, en su afán por controlar la inflación, podría estar generando más problemas que soluciones.
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