Crisis habitacional: El alza del salario mínimo dejó a miles fuera del mercado de Vivienda de Interés Social (VIS), obligándolos a buscar $49 millones adicionales para acceder a un techo propio.
El Ministerio de Vivienda presentó un decreto para desindexar la VIS del salario mínimo y fijar su tope en 135 salarios mínimos en todas las ciudades, eliminando la indexación automática. El borrador establece que «el valor máximo de la Vivienda de Interés Social será, como regla general, el equivalente a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes», sin importar la ubicación.
El decreto entrará en vigencia tras su firma y publicación, pero expertos ya cuestionan su impacto. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, criticó en X: «Este decreto da una sensación de mayor transparencia, pero es una medida populista: pan para hoy y hambre para mañana».
Restrepo argumentó que la VIS es un proyecto de largo plazo, donde costos como salarios, tasas de interés, licencias e insumos aumentan con el tiempo. «La indexación de precios tiene sentido técnico y así quedó establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Modificarla por decreto abre un debate sobre su legalidad», añadió.
Andrés Giraldo, gerente de Growth Lab-Consultoría Inmobiliaria, advirtió que la medida genera incertidumbre: «Si no sabemos a qué se indexarán los precios y costos, muchos constructores dejarán de lanzar proyectos VIS».
Un mercado distorsionado
En 2015, una VIS costaba $96.652.500. Hoy, su tope en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali alcanza $262.635.750, un incremento de $165.983.250 en 11 años. Giraldo señaló que el concepto de VIS se ha distorsionado, alejándose de su objetivo original: ser accesible para familias de bajos ingresos.
¿Quiénes pueden acceder hoy?
El 85% de la oferta VIS se concentra en el valor máximo permitido (150 salarios mínimos), excluyendo a quienes ganan uno o dos salarios mínimos. En 2025, un hogar con esos ingresos no cumple los requisitos financieros para obtener un crédito hipotecario.
En 2010, un subsidio de 30 salarios mínimos permitía cubrir la diferencia con $62 millones. En 2024, ese esfuerzo se disparó a $170 millones, $110 millones más que hace 15 años.
La indexación al salario mínimo y el aumento del tope en 2019 (de 135 a 150 salarios) son los principales factores detrás del alza. «Los costos laborales y de insumos suben con el mínimo, y eso se traslada al precio final», explicó Giraldo.
El crédito hipotecario refleja esta crisis: financiar el 80% de una VIS a 20 años con una tasa del 12% implica cuotas mensuales de $1,7 millones, superiores al salario mínimo. «Para una familia que gana dos mínimos, comprometer un salario completo en la cuota es imposible. Eso ya no es vivienda de interés social», concluyó Giraldo.
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