Gobierno en alerta: El presidente Gustavo Petro alista la prórroga de la emergencia económica para cubrir un faltante de $4 billones en el recaudo tributario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo avanza en la extensión del decreto, que venció tras 30 días de vigencia desde su expedición en diciembre. «El anuncio de las medidas se hará en el momento oportuno», aseguró, precisando que la prórroga podría extenderse hasta 90 días adicionales.
¿Por qué se prorroga la emergencia económica?
Ávila explicó que los dos decretos ya expedidos garantizan cerca de $12 billones, pero la meta de la ley de financiamiento asciende a $16,3 billones. «Estamos evaluando medidas para cubrir ese faltante; de lo contrario, habrá recortes presupuestales», advirtió.
Sobre el riesgo de que la Corte Constitucional tumbe la medida, el ministro evitó dar detalles, pero reconoció: «Tenemos opciones alternativas». Recordó que, durante la discusión de la ley de financiamiento en el Congreso, el Gobierno exploró salidas cuando la decisión política afectó los criterios técnicos.
Nuevos impuestos: ¿quiénes pagarán más?
La prórroga podría incluir un paquete tributario con cambios clave:
- Impuesto al patrimonio: La base gravable mínima bajó de 72.000 UVT a 40.000 UVT (unos $2.000 millones), ampliando el número de contribuyentes.
- Bebidas alcohólicas: Vinos, aguardientes y licores pasaron del 5% al 19% de IVA.
- Tabaco: El impuesto por cajetilla subió de $4.000 a más de $10.000.
- Plásticos y ultraprocesados: Nuevos gravámenes a plásticos de un solo uso, bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de sodio o grasas.
Petro prorrogará emergencia: El ministro Ávila insistió en que el Gobierno no descarta un «plan B» si la Corte Constitucional invalida la emergencia. «En su momento, cuando el Congreso no aprobó la ley de financiamiento, tuvimos que acudir a alternativas», recordó, sin detallar cuáles serían en esta ocasión.
Estos ajustes, según la DIAN, entrarán en vigor con periodicidad bimestral, afectando no solo a productos como el alcohol y el tabaco, sino también a alimentos procesados.
Reacciones y alternativas
El ministro Ávila insistió en que el Gobierno no descarta un «plan B» si la Corte Constitucional invalida la emergencia. «En su momento, cuando el Congreso no aprobó la ley de financiamiento, tuvimos que acudir a alternativas», recordó, sin detallar cuáles serían en esta ocasión.
Mientras tanto, 20 gobernadores han expresado su rechazo a la medida, lo que añade presión al Ejecutivo. La Corte Constitucional ya inició la revisión del decreto y solicitó pruebas adicionales al Gobierno.
«La decisión no respondió a criterios técnicos, sino políticos», criticó Ávila, dejando en claro que el Gobierno no cederá ante lo que considera una estrategia para debilitar su gestión.
