Crisis fiscal en Colombia: El impuesto al patrimonio del Gobierno Petro redujo drásticamente las ganancias de los principales bancos del país en el primer trimestre de 2026.
En enero de 2026, el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica para enfrentar la crisis ambiental en Córdoba, afectada por inundaciones. La medida estrella fue un impuesto al patrimonio para entidades financieras, inicialmente diseñado como uno de los más altos del mundo. Aunque el gremio bancario, liderado por Asobancaria, logró negociar alivios, el daño a los balances ya estaba hecho.
Mientras la Corte Constitucional evaluaba la legalidad del gravamen, los bancos debieron provisionar recursos equivalentes al impuesto, lo que impactó directamente sus utilidades. El resultado: Bancolombia registró sus peores cifras en cinco años, Davivienda vio caer sus ganancias un 43,5%, y el Grupo Aval perdió $210.000 millones en resultados. Aunque la solvencia del sector sigue intacta, el golpe a corto plazo fue contundente.
El impuesto, aunque modificado, dejó al descubierto la tensión entre el Gobierno y el sector financiero, históricamente criticado por Petro en su discurso político.
Bancolombia: utilidades en mínimos de cinco años
El banco más grande de Colombia cerró los primeros dos meses de 2026 con ganancias de $525.497 millones, su peor registro desde 2021. En el primer trimestre completo, el Grupo Cibest (su holding) reportó utilidades de $1,5 billones, un 16% menos que en el mismo periodo de 2025.
A pesar del impacto, la entidad destacó que su operación sigue sólida. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo, resaltó el crecimiento en integración regional, con 33 millones de clientes en Colombia y Centroamérica. Los activos del grupo crecieron 6,9% interanual (hasta $389,1 billones), mientras la cartera sumó $261,8 billones (+6,5%) y los depósitos subieron 10,4% (a $271,7 billones).
Entre sus apuestas digitales, el grupo impulsó Wenia (activos digitales con paridad 1:1 al dólar), Nequi (compra/venta de dólares digitales) y Cibest Capital (inversiones en mercados globales).
Davivienda: el gravamen borró casi la mitad de sus ganancias
El banco del Grupo Bolívar reportó una utilidad neta de $283.000 millones en el primer trimestre de 2026, un 45,3% menos que en el cierre de 2025. La caída se atribuyó directamente al impuesto de Petro y al efecto base del trimestre anterior, cuando se registró un ingreso extraordinario por la integración de Scotiabank.
Sin el gravamen, la rentabilidad sobre patrimonio (Roae) habría sido de 10,70%, pero quedó en 9,52%. Pese al golpe, la cartera bruta del banco alcanzó $174,2 billones (+21,3% anual), impulsada por créditos comerciales y de vivienda. Davivienda cerró el trimestre con 26 millones de clientes y 677 oficinas en seis países.
A nivel de holding, Davivienda Group registró utilidades de $305.000 millones, un 68,4% menos que en el cuarto trimestre de 2025 (cuando ganó $964.000 millones gracias a los $575.000 millones de la adquisición de Scotiabank). El Roae consolidado fue de 8,39% (sin impuesto: 10,72%), mientras la cartera bruta llegó a $202,3 billones (+1,8%).
Un dato positivo: la calidad de cartera mejoró. La mora mayor a 90 días bajó a 3,65% (-10 puntos básicos), y la cobertura subió a 103,8% (+459 puntos).
Grupo Aval: $210.000 millones menos en sus arcas
El conglomerado financiero más grande de Colombia reportó utilidades netas de $336.000 millones en el primer trimestre de 2026, un 6,9% menos que en 2025. El impuesto al patrimonio generó $312.000 millones en gastos operacionales y restó $210.000 millones a las ganancias. Sin este efecto, las utilidades habrían sido de $546.000 millones.
María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo, admitió que el ajuste monetario y el aumento en los costos de fondeo siguen presionando márgenes. No obstante, destacó avances en calidad de cartera, costo de riesgo y eficiencia operativa.
Entre los movimientos estratégicos, el Banco de Bogotá vendió el 99,57% de MFG (matriz de Multibank Panamá), fortaleciendo su capital. Además, avanza la compra del negocio de banca personal de Itaú, que sumaría $3,3 billones en cartera de consumo, $3,2 billones en hipotecaria y 277.000 nuevos clientes.
El objetivo: consolidar al Banco de Bogotá como líder en banca minorista.
El recaudo del Gobierno: meta incumplida y fallos judiciales
Aunque el impuesto golpeó a los bancos, el Gobierno no logró su meta de recaudo. La meta inicial era $8 billones para atender la emergencia en ocho departamentos, pero la primera cuota (abril) solo recaudó $2,4 billones de los $4,15 billones esperados. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, criticó: «Calcularon mal el recaudo de la primera cuota».
Los sectores que más aportaron fueron financiero, inmobiliario y seguros ($1,1 billones), seguido de comercio, transporte y hotelería ($368.612 millones) y manufactura ($237.892 millones). La situación se complicó con el fallo de la Corte Constitucional, que suspendió el cobro de la segunda cuota para entidades sin ánimo de lucro (como universidades) y empresas en liquidación.
¿Logrará el Gobierno ajustar su estrategia fiscal sin ahogar al sector privado?
El precedente latinoamericano: ¿Qué pasó cuando otros países gravaron a los bancos?
El impuesto al patrimonio de Petro no es el primer intento en la región por recargar fiscalmente al sector financiero en momentos de crisis. Sin embargo, los resultados históricos muestran que estos gravámenes suelen tener efectos colaterales más duraderos que el recaudo inmediato, desde fuga de capitales hasta contracción crediticia en sectores productivos.
En Argentina (2020), el gobierno de Alberto Fernández impuso un «aporte solidario» del 3,5% a patrimonios superiores a $200 millones de pesos para enfrentar la pandemia. Aunque recaudó alrededor de $223.000 millones de pesos (unos $2.800 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), el sector bancario redujo un 12% su otorgamiento de créditos a pymes en los seis meses siguientes, según informes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Además, aceleró la dolarización de carteras entre clientes de alto patrimonio. En Ecuador (2016), bajo Rafael Correa, un impuesto del 0,9% a los activos bancarios recortó las utilidades del sector en un 30% ese año, pero también llevó a que tres bancos medianos fueran absorbidos por entidades más grandes, reduciendo la competencia.
El caso más cercano a Colombia es Perú (2021), donde el gobierno de Pedro Castillo propuso un impuesto temporal a las utilidades bancarias para financiar programas sociales. Aunque la medida recaudó menos de lo esperado (40% de la meta), generó una caída del 8% en la bolsa de Lima para el sector financiero y un aumento del 20% en las comisiones por servicios, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Lo más crítico: los bancos peruanos reducieron en un 15% los créditos a agricultura y manufactura, sectores clave para el empleo rural.
- Patrón común 1: Recaudo inicial bajo (entre 30% y 60% de la meta) por subestimación de exenciones y recursos legales.
- Patrón común 2: Contracción crediticia en sectores no prioritarios para los bancos (pymes, agroindustria), que terminan pagando el costo de la liquidez reducida.
- Patrón común 3: Aceleración de procesos de concentración bancaria, con adquisiciones de entidades medianas por parte de los grandes grupos.
¿Hacia un «efecto dominó» en la economía real?
El riesgo para Colombia no es solo fiscal, sino estructural. Si la experiencia regional se repite, el impuesto de Petro podría desencadenar una reconfiguración del crédito: menos recursos para sectores intensivos en empleo (como construcción o comercio minorista) y mayor focalización en clientes de alto margen (grandes empresas y consumo premium). Además, con la Corte Constitucional ya mostrando fisuras en el diseño del gravamen, el Gobierno enfrenta un dilema: insistir en ajustes legales que prolonguen la incertidumbre o buscar alternativas de financiamiento que no ahonden la desconfianza inversora. La lección de Perú y Argentina sugiere que, sin un plan claro de salida, el costo político y económico podría extenderse más allá de 2026.
