Navidad forzada: Venezuela celebra desde octubre por orden de Nicolás Maduro, pero la alegría es solo fachada.
Árboles de Navidad de plástico, cubiertos de nieve artificial, lucen descuidados en las plazas de Caracas tras meses bajo el sol tropical. El 1 de octubre de 2025, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio oficial de las festividades, dos meses antes de lo habitual. Las empresas estatales acataron la orden sin cuestionamientos. «No decorar con oropel se veía como un acto de disidencia», confesó un empresario bajo anonimato. Maduro justificó la medida como un impulso a «la alegría y la felicidad», pero analistas coinciden: era una cortina de humo para distraer a la población de la crisis política y económica.
El régimen repitió la estrategia en 2024, cuando la televisión estatal comenzó a emitir villancicos desde octubre. El país aún se recuperaba del fraude electoral que consolidó a Maduro en el poder. «No leo las noticias porque ya no quiero sufrir», admitió una anciana en un mercado caraqueño. La represión posterior a las elecciones dejó miles de detenidos y silenció las protestas. Según una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, 8 de cada 10 venezolanos consideran «necesario o muy necesario» un cambio de gobierno.
La presión de EE.UU.: ¿Operación de rescate o juego geopolítico?
Mientras Maduro intenta vender normalidad, Estados Unidos despliega su músculo militar en el Caribe. La Cuarta Flota de la Armada estadounidense, acompañada del portaaviones USS Gerald R. Ford, llegó a la región en noviembre. Donald Trump, quien ha llamado a Maduro «narcoterrorista», insinuó en repetidas ocasiones que el régimen podría caer pronto. La «Operación Lanza del Sur», presentada inicialmente como una misión antidrogas, ha derivado en ataques con misiles que dejaron 104 muertos y hundieron 28 barcos presuntamente vinculados al narcotráfico.
Pero el verdadero objetivo parece ser otro: asfixiar la economía venezolana. El 10 de diciembre, comandos estadounidenses abordaron el superpetrolero Skipper, que transportaba 1,8 millones de barriles de crudo venezolano. Diez días después, incautaron un segundo barco, el Centuries, con la misma carga. Ambos cargamentos, valorados en US$160 millones, tenían como destino China. «Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo», declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
Maduro denunció «piratería» y advirtió sobre un tercer petrolero en la mira. Las incautaciones, sin embargo, no han afectado aún al régimen, que exige pagos por adelantado —a menudo en criptomonedas— por sus exportaciones. El impacto real podría ser a mediano plazo: los transportistas podrían negarse a arriesgarse a perder sus barcos. Para el 17 de diciembre, los tanques de almacenamiento de PDVSA estaban cerca de su capacidad máxima, según Bloomberg.
El petróleo: la última ficha del tablero
La industria petrolera venezolana, sancionada por EE.UU. desde 2019, ha sobrevivido gracias a tácticas evasivas: buques que cambian de nombre, transbordos en alta mar y banderas falsas. El 40% de los barcos que comercian crudo venezolano también están sancionados, según TankerTrackers.com. La estrategia de Trump parece clara: cortar el flujo de ingresos para forzar un colapso económico que obligue a Maduro a negociar —o a sus aliados a traicionarlo.
El FMI proyecta una inflación del 629% para 2026. La economía, ya reducida en un 75% desde 2013, podría enfrentar un nuevo golpe. «El régimen tiene los días contados», declaró María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, en una entrevista con CBS. Pero en las calles de Caracas, el escepticismo reina. «Quiero un cambio, pero tengo miedo», confesó Andreina, una joven emprendedora de 26 años. «Solo espero despertar un día y que todo haya terminado».
La mayoría de los venezolanos, exhaustos por años de promesas incumplidas, han optado por la indiferencia. Mientras aviones estadounidenses dibujan rutas provocadoras en el cielo caribeño y los barcos petroleros son incautados, el país observa en silencio. ¿Será esta vez diferente? La respuesta, como siempre, está en manos de quienes manejan el poder —y no en las de quienes lo padecen.
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