Decisión histórica: El Consejo de Estado vuelve a bloquear un aumento salarial en Colombia, repitiendo el escenario de 2017.
La Sección Segunda del Consejo de Estado ratificó este miércoles la medida cautelar que, desde el 12 de febrero, había suspendido los efectos del Decreto 1469 de 2025. Este documento, emitido por el Gobierno nacional, buscaba aplicar un incremento del 23,7 % al salario mínimo legal para 2026 —el más alto en dos décadas—. Con la confirmación del alto tribunal, la norma quedó sin vigencia inmediata, dejando en limbo a más de 4,2 millones de trabajadores que perciben este ingreso como base.
El fallo no solo mantiene la suspensión, sino que obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto con un reajuste provisional mientras se resuelve el proceso judicial en curso. Según la jurisprudencia colombiana, en casos como este —donde un acto administrativo es paralizado—, el último valor vigente (el salario mínimo de 2025) se mantiene hasta que haya una decisión definitiva. Esto genera incertidumbre económica para empleadores y empleados, especialmente en sectores con altos índices de informalidad.
¿Por qué el Consejo de Estado intervino en el salario mínimo?
La decisión surgió tras un recurso de reposición presentado por un ciudadano, quien argumentó que el tribunal se había extralimitado en sus funciones, adelantando una decisión que correspondía a la sentencia final. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó estos señalamientos y reafirmó su competencia para ordenar medidas transitorias que «garanticen la finalización del proceso sin afectar derechos fundamentales».
En el documento oficial, el tribunal dejó claro que su intervención no implica una «injerencia inadmisible» en las facultades del Poder Ejecutivo, sino un mecanismo para «preservar el interés general» mientras se define la legalidad del decreto. «Resulta evidente que esta corporación está facultada para exigir un acto administrativo que fije un porcentaje provisional de incremento, con efectos transitorios», señala el texto.
El magistrado Juan Camilo Morales, autor de la providencia inicial, había sido claro: el Gobierno debía emitir un nuevo decreto. Sin embargo, la administración del presidente Gustavo Petro insistió en mantener el 23,7 %, lo que llevó al tribunal a ratificar la suspensión. Además, se rechazó una solicitud de aclaración de otro demandante, al considerar que la decisión estaba «suficientemente motivada y exenta de oscuridades».
El precedente de 2017 y sus consecuencias
Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado frena un aumento al salario mínimo. En 2017, un escenario similar obligó al Gobierno de entonces a rediseñar la política salarial y emitir un decreto alternativo. La diferencia ahora radica en el contexto inflacionario: mientras en 2017 la inflación cerraría en 4,09 %, en 2025 superó el 9 %, lo que añade presión sobre los ingresos de los trabajadores.
La jurisprudencia establece que, ante la ausencia de un decreto transitorio, el salario mínimo de 2025 ($1.300.000 COP) seguirá vigente hasta nueva orden. Esto podría generar:
- Retrasos en ajustes contractuales para empleados formales.
- Mayor tensión en negociaciones entre gremios y el Gobierno.
- Impacto en la canasta familiar, ya que el 23,7 % buscaba compensar el alza en alimentos y servicios.
- Posible efecto dominó en prestaciones sociales como cesantías y pensiones, vinculadas al salario mínimo.
El Gobierno aún no ha anunciado cuándo emitirá el decreto provisional ordenado por el tribunal, pero fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo indican que podría darse en las próximas dos semanas.
Preguntas clave sobre el futuro del salario mínimo
¿Qué pasa con el aumento del 23,7 %?
Quedó sin efecto hasta que se expida un nuevo decreto. El Consejo de Estado no lo anuló, pero lo suspendió por posibles vicios de legalidad.
¿Habrá alza en 2026?
Sí, pero el porcentaje dependerá del nuevo acto administrativo. Podría ser menor al 23,7 % si el Gobierno ajusta su propuesta.
¿Por qué se cuestionó el decreto original?
Los demandantes argumentaron que el aumento no cumplía con los criterios técnicos (inflación, productividad) establecidos en la Ley 278 de 1996, que regula los incrementos salariales.
¿Qué sectores se verían más afectados?
Los trabajadores informales (48 % de la población ocupada) y las pymes, que podrían enfrentar mayores costos laborales sin ajustes en sus ingresos.
¿Cuándo se definirá el nuevo salario mínimo?
El proceso judicial podría extenderse hasta mediados de 2026, pero el decreto provisional debe emitirse en las próximas semanas.
Mientras el Gobierno y el Consejo de Estado definen los próximos pasos, los colombianos enfrentan un escenario de incertidumbre salarial sin precedentes en la última década. **¿Logrará el Ejecutivo conciliar las demandas sociales con los requisitos legales, o este conflicto escalará a una crisis laboral?**
