Crisis diplomática sin precedentes: Un exfuncionario condenado por corrupción divide a dos naciones hermanas.
La figura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se convirtió en el epicentro del conflicto que paralizó el comercio entre Colombia y Ecuador en 2026. Lo que inició como una defensa pública del presidente Gustavo Petro —quien insiste en llamar a Glas «preso político«— escaló hasta imponer aranceles del 100% que asfixian a miles de empresas y amenazan 27,1% de las exportaciones colombianas (US$251 millones perdidos solo en el primer bimestre del año).
El detonante fue la declaración de Petro el martes 15 de abril de 2026, donde calificó el encierro de Glas —condenado a más de 20 años por casos como Odebrecht y Sobornos 2012-2016— como un «delito de lesa humanidad«. La respuesta del gobierno de Daniel Noboa fue inmediata: retiró a su embajador en Bogotá, suspendió diálogos bilaterales y activó la guerra arancelaria que hoy ahoga a ambos países.
Glas cumple su pena en el penal «El Encuentro» (Santa Elena), un centro de máxima seguridad donde Ecuador asegura que se garantizan sus derechos. Sin embargo, Petro lo nacionalizó como colombiano en 2025, un movimiento que Quito interpretó como una «injerencia inaceptable» en su sistema judicial.
¿Quién es Jorge Glas y por qué Petro arriesga todo por él?
Glas fue el brazo derecho de Rafael Correa (2013-2017) y acumuló tres condenas:
- 2017: 6 años por asociación ilícita (caso Odebrecht).
- 2020: 8 años por cohecho.
- Junio 2025: 13 años por peculado en el caso «Reconstrucción de Manabí», donde desvió fondos para víctimas del terremoto de 2016.
Pese a este prontuario, Petro lo defiende como «víctima de una persecución». Desde Quito, Noboa respondió sin ambages: «En Ecuador no hay presos políticos, hay corruptos que deben pagar». La justicia ecuatoriana respalda esta postura: ha rechazado todos los recursos de habeas corpus presentados por Glas, argumentando que su detención cumple con los estándares internacionales.
La nacionalización de Glas en 2025 —un proceso exprés y polémico— fue el punto de no retorno. Ecuador lo vio como un intento de socavar su soberanía, mientras Petro lo justificó como un «gesto humanitario». El resultado: el comercio bilateral se derrumbó y 1.700 empresas están al borde del colapso.
El arancel del 100% que paralizó dos economías
Ecuador elevó sus aranceles del 50% al 100% a partir del 1 de mayo de 2026, y Colombia respondió con una medida simétrica. Las consecuencias son devastadoras:
- Exportaciones colombianas a Ecuador: Caída del 27,1% en el primer bimestre (US$251 millones menos).
- Energía eléctrica: Las ventas se desplomaron un 77,1% (de US$110,3 millones en 2025 a US$25,2 millones en 2026).
- Productos clave afectados: Tableros de madera (+100% de costo), preparaciones de pescado (+100%), y 7.000 empresas conectadas por la CAN en riesgo.
Bruce Mac Master (presidente de la Andi) advirtió: «Cada mes sin solución destruye empleos irrecuperables». Mientras, la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, justificó la respuesta arancelaria como «necesaria», aunque reconoció que el «ojo por ojo» golpea directamente a los consumidores: los precios de la canasta familiar se dispararán en ambos países.
El sector privado clama por una tregua. Javier Díaz (Analdex) alertó que el 100% de arancel es una «sentencia de muerte» para pymes que dependen del mercado ecuatoriano. Empresas como XM (energía) ya reportan pérdidas millonarias, mientras otras, como Colgate-Palmolive (+18,1% en exportaciones), podrían ver sus ganancias borradas en meses.
Antioquia, el departamento más golpeado
La guerra comercial tiene rostro regional. Antioquia, epicentro industrial de Colombia, lidera las pérdidas:
- Caída del 55,8% en exportaciones: de US$147 millones (2025) a US$64,9 millones (2026).
- Participación en el mercado: Aún representa el 25,8% de las ventas a Ecuador, pero con una tendencia a la baja acelerada.
Otros territorios también sufren:
- Valle del Cauca: US$53 millones exportados (-1,1%).
- Bogotá: US$47,4 millones (-12,8%).
- Cundinamarca: Único con crecimiento (+6,3%), pero insostenible con los nuevos aranceles.
El drama se extiende a las 1.700 empresas que operaban en la frontera. Procaps y Corteva Agriscience lograron crecimientos puntuales en 2026, pero el 100% de arancel desde mayo los dejará fuera de competencia. Hino Motors, que exportaba US$5 millones en vehículos, ya anunció recortes de personal.
¿Colombia en Mercosur? La apuesta arriesgada de Petro
Ante el colapso de la Comunidad Andina (CAN), Petro propuso un giro radical: abandonar el bloque y solicitar el ingreso de Colombia como «socio pleno» del Mercosur. Su argumento: la CAN está «merta por razones ideológicas«.
Sin embargo, los expertos advierten:
- Costo jurídico: Salir de la CAN implicaría perder 60 años de integración y 7.000 empresas conectadas.
- Proceso lento: Ingresar al Mercosur requiere negociaciones individuales con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de aprobación del Congreso colombiano y aval de la Corte Constitucional.
- Riesgo económico: El mercado andino es 174 veces más importante para Colombia que el Mercosur en términos históricos.
Olga Lucía Salamanca (Araújo Ibarra) detalló los obstáculos: «Un análisis técnico integral debería evaluar impactos en 20 sectores productivos, y luego vendría la negociación con cada país, sujeto a sus intereses. No es un proceso de meses, sino de años«.
Para María Paz Jervis (Cámara de Industrias de Ecuador), destruir la CAN por un conflicto personal es un «retroceso imperdonable«. Recordó que el comercio bilateral pasó de ser casi inexistente a mover miles de millones en seis décadas, con cadenas de valor que emplean a decenas de miles en ambos lados de la frontera.
Frontera en crisis: ¿hasta cuándo la guerra?
Mientras Petro y Noboa mantienen sus posiciones, la frontera vive un abandono institucional. Ecuador justifica sus medidas alegando que Colombia ha perdido control sobre su territorio, facilitando el narcotráfico y la infiltración de grupos armados. Desde Bogotá, se responde con aranceles que ahogan a los importadores de materias primas.
El Ministerio de Comercio colombiano prometió líneas de crédito para las empresas afectadas, pero los gremios las califican de «paños de agua tibia«. Javier Díaz (Analdex) fue contundente: «La normalización parece imposible antes de agosto de 2026 (elecciones en Ecuador). Para entonces, muchas empresas ya habrán quebrado«.
Olga Lucía Salamanca advirtió que el 100% de arancel equivale a un «cierre técnico del mercado«. «Los inversionistas necesitan previsibilidad, no discursos políticos. Sin ella, la desinversión será masiva», sentenció.
La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿Valió la pena arriesgar décadas de integración económica por la defensa de un condenado por corrupción? Mientras los presidentes se enrocan en sus posturas, son los trabajadores de Medellín, Cali y Quito quienes pagan la factura en empleos perdidos y mesas vacías.
