Crisis institucional: 20 departamentos se rebelan contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, desatando un conflicto sin precedentes en Colombia.
Entre las regiones y el Gobierno Central se respira un aire de confrontación que no se vivía hace años. Lo que comenzó como una cumbre rutinaria de gobernadores en Bogotá terminó en una rebelión abierta contra las decisiones económicas de la Casa de Nariño. Un bloque de 20 mandatarios departamentales, liderados por Antioquia, Valle y Meta, anunció su resistencia al decreto de emergencia económica, calificándolo como un ataque a la autonomía regional y un riesgo para las finanzas territoriales.
Para estos líderes, el decreto no es una solución, sino un golpe a sus ingresos y una violación a la Constitución de 1991. El Gobierno Nacional argumenta que la medida es necesaria para recaudar 16 billones de pesos, destinados a sanear deudas del sistema de salud y cumplir con compromisos externos. Sin embargo, los gobernadores ven en esta decisión una estrategia para apropiarse de las rentas departamentales, que financian hospitales y programas sociales en las regiones.
Estrategia de los gobernadores: tres frentes para bloquear el decreto
Los mandatarios diseñaron un plan de acción con tres ejes principales para frenar la aplicación del decreto. El primero es una «tutelatón» masiva, donde cada gobernador presentará acciones de tutela argumentando que la redistribución de recursos vulnera sus competencias constitucionales.
El segundo frente, y el más polémico, es la excepción de inconstitucionalidad. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia y con el respaldo de departamentos como Valle, Meta y Tolima, los gobernadores evalúan ignorar el decreto en sus territorios hasta que la Corte Constitucional emita un fallo. El foco de esta resistencia está en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, fuentes clave de ingresos para las gobernaciones.
El tercer pilar es una ofensiva legal ante la Corte Constitucional. Una delegación de gobernadores, encabezada por los mandatarios de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño, buscará exponer ante los magistrados cómo las medidas del Gobierno «asfixian» a las regiones. No se trata solo de un desacuerdo jurídico, sino de una advertencia sobre la inviabilidad operativa de los departamentos si se implementan las nuevas cargas tributarias.
Voces de la rebelión: gobernadores alzan la voz
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lideró la respuesta del bloque. Su argumento central es que la «urgencia» alegada por Petro no puede ser un cheque en blanco para pasar por encima de las regiones. Según Rendón, la aplicación inmediata del decreto generaría un daño desproporcionado que Antioquia no está dispuesta a asumir. Para él, la Constitución es la norma suprema, y ninguna necesidad del Ejecutivo puede estar por encima de la autonomía fiscal territorial.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, destacó que cada región tiene particularidades que el decreto ignora. Toro anunció que la Federación Nacional de Departamentos está elaborando un blindaje jurídico para que los gobernadores se abstengan de aplicar las nuevas tarifas hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, fue más contundente: calificó la situación como una «desarticulación catastrófica» entre el centro y la periferia, asegurando que el decreto viola abiertamente el orden constitucional.
El impacto económico: IVA, licores y el riesgo del contrabando
El decreto de emergencia propone elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, exceptuando la cerveza, y ajustar impuestos al tabaco y bienes de lujo. Para los gobernadores, esta medida es una «receta para el desastre».
Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, explicó que su departamento depende de las rentas del Aguardiente Nariño. Un aumento del IVA al 19% no solo reduciría las ventas legales, sino que impulsaría el contrabando y las economías ilegales. La lógica es clara: al encarecer estos productos, los consumidores migrarán al mercado negro, generando un efecto bumerán: el Gobierno no recaudaría lo esperado, y las regiones perderían ingresos garantizados.
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, advirtió que la excepción de inconstitucionalidad es un derecho legítimo ante una medida que pone en jaque la estabilidad social. Departamentos como Amazonas, Putumayo, Caquetá y San Andrés, con altos costos logísticos, perciben este incremento como un «castigo financiero» adicional.
La respuesta del Gobierno: advertencias y amenazas legales
Desde la Casa de Nariño, la reacción fue inmediata y contundente. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó el anuncio de los gobernadores como un «exabrupto jurídico». Según Idárraga, los mandatarios pretenden usurpar una competencia exclusiva de la Corte Constitucional y advirtió que el Gobierno emprenderá acciones legales contra las gobernaciones que desconozcan el decreto.
Armando Benedetti, ministro del Interior, elevó el tono al afirmar que los gobernadores dan un «mal ejemplo» al invitar a la ciudadanía a incumplir la ley. Benedetti sugirió que los mandatarios podrían incurrir en prevaricato y lanzó un desafío: si bloquean el decreto, deberán responder con sus propios recursos por los 16 billones de pesos que el Gobierno dejaría de recaudar, una cifra que los departamentos no podrían cubrir.
Colombia en vilo: la Corte Constitucional tendrá la última palabra
El país queda en un limbo jurídico. Por un lado, el Gobierno defiende la legalidad de sus facultades de emergencia para atender una crisis que considera inminente. Por el otro, 20 gobernadores se declararon en desobediencia administrativa para proteger la descentralización. El choque deja a contribuyentes y empresas del sector de licores en incertidumbre, sin claridad sobre qué impuestos pagar o qué normas están vigentes.
La decisión final recaerá en la Corte Constitucional, que podría emitir un fallo a finales de febrero. Hasta entonces, el ambiente seguirá caldeado, con un Gobierno dispuesto a imponer su decreto y unas regiones decididas a resistir.
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