Salario mínimo en riesgo: La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, asegura que el aumento del 23,7% para 2026 carece de justificación técnica y amenaza el empleo formal en Colombia.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió el incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, argumentando una «opinión mayoritaria» en la mesa de concertación. Sin embargo, gremios como Acopi cuestionan la falta de consenso y advierten sobre las consecuencias para las empresas y el empleo.
El 700.000 empleos podrían perderse si se mantiene este aumento, según proyecciones del sector.
¿Hubo realmente acuerdo en la mesa de concertación?
Ospina fue clara: «En la mesa no hubo acuerdo, hubo una discusión. Ahora esperamos la decisión del Consejo de Estado». Explicó que la «mayoría» a la que se refirió el ministro se debe a la composición tripartita de la mesa, donde Gobierno y sindicatos superan en número a los gremios empresariales.
«La Andi se mantiene en una posición de dejar las cosas así, pero los demás gremios pensamos diferente», añadió. Para Acopi, el debate clave es cómo justificará el Gobierno un aumento que, según la ley, debe basarse en productividad e inflación, variables que no respaldan el 23,7%.
Productividad vs. empleo: el dilema que enfrenta Colombia
«Es cierto que debemos trabajar en la calidad de vida de los trabajadores, pero también hay que aumentar la productividad del país, que hoy está en 0,91«, señaló Ospina. Este indicador refleja un crecimiento del empleo sin un aumento proporcional en la producción, lo que lleva a empresas a cerrar por no poder asumir los costos.
«Cuando pasa eso, ocurre lo que estamos viendo: empresas que no aguantan la carga y terminan cerrando», advirtió. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99,7% del tejido empresarial y generan más del 80% del empleo formal, son las más afectadas.
¿Qué dice la ley sobre el salario mínimo vital?
«No creo que el Gobierno tenga cómo justificarlo», afirmó Ospina. Explicó que el concepto de salario mínimo vital, promovido por la OIT, no está contemplado en la Ley 278 de Colombia, que exige considerar productividad e inflación para fijar el salario mínimo.
«El salario mínimo debe ser fruto de un diálogo social, y eso aquí no se dio», insistió. Para Acopi, la falta de justificación técnica podría llevar al Consejo de Estado a exigir aclaraciones al Gobierno, aunque descartó que el decreto sea tumbado o que se reduzca el salario mínimo.
Impacto en las empresas: despidos y cierre de mipymes
«Tenemos empresas que han despedido 50 personas, otras cinco, otras diez», reveló Ospina. Las mipymes, que ya enfrentan dificultades para acceder a créditos, ven cómo el aumento del salario mínimo las empuja hacia la informalidad o el cierre.
«Muchas microempresas están cerrando o regresando a la informalidad porque no les da la caja para sostener esos salarios», alertó. Según proyecciones del gremio, la continuidad de este aumento podría resultar en la pérdida de 700.000 empleos.
¿Qué pasaría si el Consejo de Estado tumba el decreto?
«Todavía no hemos contemplado esa posibilidad», admitió Ospina. Sin embargo, aclaró que, en caso de que el decreto sea anulado, los contratos ya firmados mantendrían sus condiciones, ya que el salario es un derecho adquirido. «Para los nuevos contratos, obviamente sí habría un ajuste», precisó.
«No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que bajen el salario mínimo, porque reducirlo en este momento sería muy complicado», añadió.
Alivios para empresas: promesas sin concretar
El Gobierno ha hablado de un paquete de alivios para las empresas, pero hasta ahora no se ha acordado nada concreto. «El ministro de Hacienda dijo que iban a sacar un paquete de alivios y estamos esperando conocerlo», comentó Ospina.
Entre las medidas que propone Acopi están:
- Subsidios temporales a la nómina formal.
- Compensación parcial de cargas no laborales.
- Devolución acelerada de IVA y saldos a favor.
- Flexibilización de líneas de crédito para mipymes.
Presidenta de Acopi: «Muchas empresas pueden tener activos como bodegas o locales que valen mucho, pero eso no significa que tengan ingresos altos o liquidez suficiente», explicó. Además, recordó que las empresas ya enfrentan altos costos laborales, como dominicales, festivos, recargos nocturnos y productos indexados al salario mínimo.
«Lo que pedimos es que el paquete realmente sea focalizado», enfatizó.
Impuesto al patrimonio: otro golpe para las empresas
Ospina advirtió que un eventual impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a $10.000 millones podría afectar a algunas mipymes, aunque aclaró que la mayoría no alcanza ese umbral.
«Muchas empresas pueden tener activos como bodegas o locales que valen mucho, pero eso no significa que tengan ingresos altos o liquidez suficiente», explicó. Además, recordó que las empresas ya enfrentan altos costos laborales, como dominicales, festivos, recargos nocturnos y productos indexados al salario mínimo.
