Dictadura tropical: Nicaragua bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo se hunde en represión, hambre y exilio, pero evita el colapso económico de sus aliados.
El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha convertido a Nicaragua en un estado policial donde el miedo silencia cualquier crítica. Las calles de Managua huelen a basura quemada, las cadenas de televisión emiten propaganda o entretenimiento vacío, y las conversaciones políticas se ahogan por temor a informantes. Un residente lo resume sin rodeos: «Este barco se hunde cada año más porque no hay cambios, solo las ideas retorcidas [del régimen]». En 2025, la ONU estimó que casi el 20% de la población padecía hambre, una crisis que el gobierno respondió expulsando a los representantes de Naciones Unidas.
Ortega, exguerrillero marxista-leninista, regresó al poder en 2007 tras ganar elecciones. Su primer gobierno (1979-1990) terminó con la dinastía Somoza, pero su regreso marcó el inicio de una era de represión. En 2018, las protestas antigubernamentales dejaron al menos 355 muertos. Para 2021, encarceló a siete candidatos opositores y se reeligió en comicios fraudulentos. En 2024, reformó la constitución para nombrar a Murillo «copresidenta», reduciendo los poderes legislativo y judicial a meros «órganos del Estado». Sus hijos ocupan cargos clave, consolidando un clan familiar en el poder.
Cultura y sociedad: el silencio impuesto
La vida cultural en Nicaragua se limita a celebrar a Rubén Darío, poeta fallecido hace un siglo, o a la propia Murillo, autora de múltiples libros de poesía. Granada, otrora centro cultural, canceló su festival anual de poesía tras la represión de 2018, cuando la policía disparó contra manifestantes. El régimen ha clausurado más de 5.500 ONG y obligado a exiliarse a casi 300 periodistas desde entonces. Las universidades perdieron su autonomía, y hasta la Iglesia católica ha sido perseguida: más de 200 clérigos —incluidas 18 monjas de la Madre Teresa— han sido encarcelados o expulsados.
Éxodo masivo y represión sin fronteras
Desde 2019, más de 800.000 nicaragüenses —el 10% de la población— han huido del país, según Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano. El gobierno despoja de la ciudadanía a los críticos y confisca sus bienes, dejando a muchos sin pasaporte ni posibilidad de regresar. «Su vida entera es sistemáticamente desmantelada», denuncia un informe de la ONU. La represión trasciende fronteras: en junio de 2024, Roberto Samcam, exmilitar crítico del régimen, fue asesinado en Costa Rica. Su viuda, Claudia Vargas, lo atribuye al gobierno: «Llegaron a nuestra puerta; la represión no tiene fronteras». Al menos seis opositores han corrido la misma suerte desde 2018.
Economía: entre remesas y alianzas con China
El clan Ortega-Murillo controla puertos, energía y telecomunicaciones, pero el crecimiento económico (3-4% anual desde 2022) depende de bases frágiles. Las remesas —principalmente desde EE.UU.— representan el 30% del PIB, una de las proporciones más altas del mundo. Las exportaciones, otra fuente clave de ingresos, también dependen de Washington. Para reducir esta vulnerabilidad, el régimen se ha acercado a China: empresas chinas construyen centros comerciales, y tras las sanciones estadounidenses a la minera estatal Eniminas, Pekín obtuvo concesiones que cubren el 8% del territorio nicaragüense, impulsando las exportaciones de oro y evadiendo restricciones.
La sucesión: Murillo, la heredera impopular
En 2025, el régimen dio un giro inesperado: arrestó a Bayardo Arce, excomandante sandinista y asesor económico de Ortega, por lavado de dinero y fraude. Oscar René Vargas, intelectual sandinista que salvó la vida de Ortega en el pasado, lo describe como un punto de inflexión: «Si me hubieran dicho hace un año que harían esto, nunca lo habría creído». La represión ahora alcanza incluso a antiguos aliados.
Murillo, de 74 años, carece del carisma revolucionario de su esposo. Su excentricidad —incluyendo creencias místicas— y su papel en el encubrimiento de las acusaciones de abuso sexual contra Ortega por parte de su hijastra la han vuelto profundamente impopular. Sin embargo, ha acumulado poder, y la oposición, fracturada y atemorizada, no representa una amenaza. «Los nicaragüenses ya han pagado demasiado caro», lamenta Claudia Vargas.
¿Por qué Ortega resiste?
A diferencia de Cuba o Venezuela, Nicaragua carece de petróleo y valor estratégico, lo que ha limitado las sanciones internacionales. EE.UU., bajo Donald Trump, ha aumentado la presión diplomática: en enero de 2025, declaró «ilegítima» la presidencia de Murillo y anunció aranceles del 15% para 2028 sobre exportaciones nicaragüenses no cubiertas por el TLCAN. Sin embargo, evitó medidas más duras, como cortar el suministro de petróleo o expulsar al país del tratado.
El régimen ha demostrado habilidad para ceder lo mínimo y aliviar la presión. En febrero de 2025, eliminó la entrada sin visado para cubanos, frenando la migración hacia EE.UU. También liberó a algunos presos políticos en enero, aunque otros permanecen detenidos. Ricardo Zúñiga, exfuncionario de Biden, señala que la estrategia estadounidense busca «dejar claro que trabajarían con cualquiera menos con Murillo».
Mientras tanto, Ortega y Murillo avanzan en su proyecto dinástico, indiferentes al vaciamiento del Estado. La pregunta que queda es cuánto tiempo podrá el régimen sostenerse sin el colapso económico que hundió a sus aliados. Por ahora, la respuesta parece ser: más de lo esperado.
