Gobernanza en jaque: La junta de Ecopetrol prolonga por días la incertidumbre sobre su presidente, mientras sindicatos y accionistas exigen respuestas.
La junta directiva de Ecopetrol cerró su segunda sesión consecutiva sin definir el futuro de Ricardo Roa como presidente, a pesar de más de 10 horas de deliberación este martes. La falta de consenso mantiene al directivo en su cargo —al menos hasta el lunes 30 de marzo—, cuando el órgano volverá a reunirse. Mientras tanto, Roa liderará este viernes 27 la asamblea de accionistas, un evento ahora cargado de tensión por las denuncias penales en su contra y el creciente malestar interno.
La paralización en la toma de decisiones contrasta con la urgencia que reclaman tanto el sindicato USO —que amenaza con un paro nacional si Roa no es removido— como sectores de la propia junta. Según fuentes cercanas al proceso, citadas por La República, la división interna es palpable: un bloque de seis miembros (entre ellos Hildebrando Vélez, Alberto Merlano y Ángela María Robledo) habría optado por desestimar los hallazgos judiciales y ratificar a Roa, respaldados por el presidente Gustavo Petro, quien tachó las acusaciones de ser parte de una «ofensiva con testigos estafadores«.
Fractura en la junta: entre lealtades políticas y riesgos legales
La sesión del martes evidenció una grieta profunda en el máximo órgano de gobierno de Ecopetrol. Mientras el grupo afín a Petro busca minimizar las imputaciones contra Roa, otros directores —como Juan Gonzalo Castaño, autor del informe sobre el escándalo Permian— expresaron «preocupación profunda» por las implicaciones legales. Dos directores independientes, según reportes internos, incluso preparan constancias administrativas y jurídicas para protegerse de eventuales investigaciones de la SEC (el regulador bursátil estadounidense).
El temor no es infundado: la omisión de riesgos reputacionales en una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York puede acarrear sanciones penales internacionales, incluyendo multas millonarias o incluso inhabilitaciones para operar en mercados extranjeros. La presión aumenta cuando se revela que, en medio de la crisis, la junta suspendió una investigación clave el 3 de febrero de 2025, justamente la diseñada para evaluar posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) vinculadas a Roa.
Investigación frenada: ¿qué ocultó la suspensión del informe?
El exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, reveló al periodista Daniel Coronell que la investigación externa —encargada a la firma estadounidense Covington & Burling— fue detenida unilateralmente por Álvaro Torres Macías, presidente del Comité de Auditoría. La decisión, según Vergara, carecía de competencia contractual y dejó sin analizar equipos de 14 directivos clave, incluyendo posibles alertas sobre irregularidades en contratos como el de Termomoorichal.
Antes de la suspensión, la firma Miller & Chevalier ya había identificado inconsistencias en las declaraciones de Roa: inicialmente afirmó haber pagado su apartamento de lujo (valorado en 2.727 millones de pesos) «de contado», pero luego admitió una deuda pendiente con el vendedor. El caso se complica con las declaraciones del constructor Johny Giraldo, quien asegura haber recibido 2.000 millones en efectivo —entregados en cajas de cartón— para remodelar la propiedad. La Fiscalía imputó a Roa por tráfico de influencias, señalando un presunto beneficio del 34% en la compra del inmueble, vinculado a gestiones para favorecer a empresarios en proyectos de regasificación de Hocol.
Ecopetrol en caída libre: reputación y riesgos financieros
El costo de la crisis no es solo político. Según datos presentados por la Unión Sindical Obrera (USO) a la junta, Ecopetrol perdió 15 puestos en el ranking de reputación empresarial Merco entre 2023 y 2025, cayendo del segundo lugar al decimoséptimo. Para el sindicato, este desplome se traduce en riesgos concretos:
- Desconfianza de inversionistas, con posible fuga de capitales.
- Encarecimiento del crédito en mercados internacionales.
- Cobros anticipados de deuda por parte de acreedores.
- Pérdida de contratos con socios que exigen estándares éticos.
La USO, que representa a 25.000 de los 87.000 empleados y contratistas de la petrolera, advirtió que un paro en refinerías y campos de producción paralizaría un tercio de las operaciones del país, afectando la estabilidad energética nacional. Su argumento legal se basa en la Ley 222 de 1995, que obliga a la junta a proteger el patrimonio público: mantener a un presidente imputado, sostienen, podría exponer a los directivos a investigaciones por daño patrimonial.
Petro vs. USO: el cruce que enciende la mecha
El presidente Gustavo Petro escaló el tono al acusar a la USO de aliarse con «el uribismo» en su cuenta de X (antes Twitter): «La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo«. La respuesta del sindicato fue contundente:
«No somos una empresa de tercerización. No es la derecha la que genera esta crisis, sino personas que pertenecieron a esta administración y denunciaron hechos que investigan las autoridades. Negar lo evidente no es correcto, no es ético ni objetivo».
El enfrentamiento añade leña al fuego en un momento crítico: Roa también enfrenta una investigación por presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022. Con la junta dividida, el mercado nervioso y los trabajadores movilizados, la cuenta regresiva para una decisión que equilibre lealtades políticas y responsabilidad corporativa parece haber llegado a su fin. ¿Podrá Ecopetrol sobrevivir a esta tormenta sin fracturarse?
