Proyecto de ley: El Gobierno radicó una iniciativa que castigaría con multas millonarias el uso de plataformas como Uber y DiDi, generando rechazo en conductores y empresas.
El Proyecto de Ley 347 de 2026, presentado el pasado 20 de enero, propone un régimen sancionatorio que multaría con hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada servicio realizado en plataformas de movilidad. Las sanciones, que podrían acumularse viaje tras viaje, alcanzarían cifras récord para conductores y usuarios.
Empresas tecnológicas, gremios y asociaciones de conductores advirtieron que la medida impactaría directamente el empleo, la movilidad y la economía digital en Colombia. Según datos del sector, más de 1,2 millones de conductores generan ingresos a través de estas plataformas, mientras que 21 millones de usuarios las utilizan de manera habitual.
Multas por viaje: cifras que generan alarma
El proyecto establece multas de 390 UVB (unos $4,7 millones) por cada servicio solicitado si se considera que se incumplen las normas de transporte. La sanción aplicaría a conductores, plataformas e incluso terceros.
Además, fija multas de hasta 180.000 UVB (cerca de $2.179 millones) para conductas no especificadas en la normativa actual, lo que, según críticos, permitiría interpretaciones amplias y castigos desproporcionados.
Gremios denuncian: «De la regulación a la prohibición»
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, afirmó que el proyecto busca prohibir la movilidad con vehículos particulares en lugar de regularla. «Define como ilegal estos servicios y establece artículos orientados a su persecución», señaló.
El gremio cuestionó que la iniciativa califique estos servicios como un riesgo para el orden público y ordene a la Policía priorizar su control. Medidas como la suspensión de operaciones, la inmovilización de vehículos por 120 días y las multas por viaje harían inviable la prestación del servicio.
Conductores exigen archivar el proyecto
La Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (ACOPLA) solicitó al Congreso archivar la iniciativa, argumentando que «criminaliza a conductores y usuarios» y desconoce la realidad económica de miles de familias.
Desde ACOPLA insistieron en que los conductores «no son delincuentes» y abogaron por una regulación moderna y concertada, no por prohibiciones.
Uber y el sector TIC también rechazaron el proyecto. La compañía afirmó que «usar la tecnología no es un delito» y advirtió que el enfoque sancionatorio pondría en riesgo la seguridad de usuarios y conductores.
La Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones alertó que la medida afectaría a más de un millón de personas, incluyendo a quienes generan ingresos y dependen de estas plataformas.
Congreso en la mira: ¿regulación o prohibición?
El Gobierno defiende el proyecto como un fortalecimiento de la supervisión del transporte, pero el sector privado anticipa un debate intenso en el Congreso. Temas como el empleo, la innovación y la movilidad urbana estarán en juego.
Gremios y conductores coinciden: Colombia necesita regulación y diálogo, no un modelo que cierre una de las principales fuentes de ingresos para cientos de miles de familias.
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