Elecciones en Colombia: El presidente Gustavo Petro cuestiona los resultados preliminares que dan como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, que sitúan al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella como el más votado con más de 10 millones de sufragios. A través de un mensaje en X (antes Twitter), el mandatario insistió en que solo reconocerá los datos que surjan del escrutinio oficial, realizado por autoridades judiciales.
«Como presidente no acepto los resultados del preconteo«, declaró Petro, quien lleva meses cuestionando el sistema informático utilizado en los comicios. Según el jefe de Estado, el preconteo —que tiene carácter informativo y sin validez jurídica se basaría en un software con inconsistencias frente al censo electoral oficial.
Diferencias de 800.000 votos y mesas impugnadas
Petro denunció que existen dos censos paralelos: el oficial y el del software electoral, que incluiría 800.000 personas adicionales no registradas. Además, afirmó que «centenares de miles de votos fueron agregados» en mesas impugnadas, aunque no presentó pruebas que respalden sus acusaciones. El mandatario recalcó que los únicos resultados válidos serán los del escrutinio manual, donde jueces revisan actas y consolidan el veredicto final.
Vinculación con empresarios y polémica por algoritmos
El presidente volvió a mencionar a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, empresa que ha tenido roces con el gobierno por contratos como la expedición de pasaportes y que también participa en procesos electorales. Petro revivió una controversia de abril de 2024, cuando acusó a los empresarios de ofrecer «ciertos algoritmos» para beneficiar a De la Espriella, algo que la campaña del candidato negó rotundamente.
Las declaraciones de Petro contrastan con el discurso de las autoridades electorales, que defendieron la transparencia del proceso y pidieron calma mientras avanza el conteo oficial. ¿Podría esta disputa retrasar la proclamación del nuevo presidente? El escrutinio definitivo podría tardar días, en medio de tensiones políticas.
El precedente de 2018: cuando el preconteo también dividió a Colombia
La desconfianza hacia los resultados preliminares no es nueva en Colombia. En 2018, durante la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, el entonces candidato de izquierda impugnó más de 12.000 mesas por presuntas irregularidades en el preconteo, que favorecía a Duque por un margen ajustado. Aunque finalmente el escrutinio confirmó la victoria del uribista, el episodio dejó al descubierto fallas estructurales en la transmisión de datos desde zonas rurales, donde la conectividad es intermitente y el conteo manual tarda días en consolidarse. Analistas señalan que, desde entonces, ningún gobierno ha auditado a fondo el software electoral, pese a las advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre su vulnerabilidad a manipulaciones externas.
El conflicto actual revive otro patrón: la polarización entre instituciones. En 2018, la Registraduría —el mismo organismo ahora cuestionado— tardó 15 días en publicar resultados definitivos, mientras el Tribunal Superior Electoral recibía denuncias por mesas con votos nulos no justificados. La diferencia clave hoy es el contexto internacional: en 2024, Colombia enfrenta una crisis de credibilidad regional tras los cuestionamientos a comicios en Perú, Brasil y México, donde líderes como Lula da Silva y AMLO han exigido reformas a los sistemas de votación electrónica. Según informes de Transparencia Internacional, el 68% de los latinoamericanos desconfía de los preconteos, una cifra que se disparó tras el escándalo de doble conteo en Ecuador (2023), donde se anularon elecciones parciales.
- Zonas críticas: Departamentos como Cauca, Nariño y La Guajira —con historial de retrasos en transmisiones— concentran el 40% de las mesas impugnadas en 2024, según datos de la MOE.
- Coste económico: Cada día de retraso en la proclamación cuesta al erario público hasta $2.500 millones de pesos (unos $630.000 USD) en logística de escrutinio y seguridad, de acuerdo con cálculos de la Contraloría.
- Riesgo legal: Si se confirman inconsistencias, la Corte Constitucional podría ordenar una auditoría forense al software, como ocurrió en Honduras (2017), donde se invalidaron resultados parciales.
¿Hacia un sistema híbrido obligatorio?
La crisis expone un debate pendiente: ¿Debe Colombia adoptar un modelo híbrido (electrónico + papel) con auditorías aleatorias, como el que usa Alemania desde 2009? Mientras la Registraduría insiste en que el actual sistema cumple estándares de la OEA, partidos como el Polo Democrático y Colombia Humana exigen volver al voto físico en urnas transparentes, aunque esto implicaría aumentar el presupuesto electoral en un 30%, según estimaciones de la Universidad Nacional. La presión social podría acelerar una reforma, pero el tiempo apremia: las próximas elecciones locales, en octubre de 2025, ya enfrentan amenazas de boicot si no hay cambios tangibles.
