Crisis fiscal sin precedentes: Colombia enfrenta su mayor desafío económico en décadas.
El próximo presidente no solo asumirá la Casa de Nariño, sino una herencia fiscal crítica: estudios de Corficolombiana y el CARF proyectan que, para 2026, el país enfrentará un deterioro comparable a la crisis de los 90 o al impacto de la pandemia. El problema central es un déficit del 6,4% del PIB en 2025 y un gasto público récord (22,1%), impulsado por un crecimiento del Estado que supera su capacidad de generación de ingresos.
Economistas como José Antonio Ocampo y Jorge Iván González advierten: sin un ajuste urgente, la deuda pública asfixiará al sector privado. El dilema es claro: ¿subir impuestos a las personas, recortar la burocracia o apostar por sectores extractivos para generar liquidez?
Cuatro candidatos lideran las encuestas (Atlas Intel, 2024): Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Sus propuestas varían desde la redistribución radical hasta el fracking masivo, pasando por modelos de austeridad extrema o reformas técnicas. Cada plan promete reactivar la inversión y combatir la corrupción, pero con enfoques opuestos.
Iván Cepeda: redistribución radical y prohibición del fracking
Cepeda propone una «austeridad republicana» que empieza por reducir su propio salario y el de sus ministros desde el «primer segundo» de gobierno. Los recursos ahorrados financiarían un Sistema Nacional del Cuidado con perspectiva de género y un incremento del salario vital para las familias más vulnerables.
El pilar económico es la «Revolución Agraria»:
- Entrega de tierras subutilizadas a campesinos y comunidades étnicas.
- Eliminación de intermediarios para garantizar precios justos en arroz, leche y café.
- Fortalecimiento del crédito estatal y asistencia técnica rural.
En energía, su postura es contundente: prohibición total del fracking y transición a renovables, con meta de reducir emisiones en un 51% para 2030. «No hay desarrollo posible si destruimos el agua», ha repetido. Su modelo prioriza la inversión social sobre el extractivismo, incluso si eso significa menos ingresos a corto plazo.
Abelardo De la Espriella: fracking + recorte del 40% al Estado
De la Espriella apuesta por un «choque de austeridad» con dos ejes:
- Recorte del 40% al gasto estatal y eliminación de impuestos como el 4×1.000 y los gravámenes a la gasolina (que representan el 52% del precio final).
- Explotación masiva de hidrocarburos: firmaría contratos inmediatos para llevar la producción a 1,3 millones de barriles diarios, incluyendo fracking con «técnicas modernas».
Su plan incluye:
- Titularización de deudas para obtener liquidez rápida.
- Persecución a la «macrocorrupción» mediante la UIAF.
- Reactivación del comercio con Venezuela, condicionada a un «cambio de régimen».
- Despolitización del salario mínimo, delegando su ajuste al Banco de la República.
«Colombia tiene riqueza bajo tierra; el problema es que la hemos dejado sin explotar por ideología», declaró en su último debate. Su modelo asume que los ingresos petroleros compensarán la reducción de impuestos, aunque críticos advierten sobre la volatilidad de los precios del crudo.
Paloma Valencia: Estado mínimo y crédito popular
Valencia propone un Estado «pequeño pero eficiente» con tres medidas clave:
- Recorte de $7,9 billones anuales en burocracia (equivalente al 30% de los trámites actuales).
- Crédito Popular Subsidiado para jóvenes, tenderos y campesinos, como alternativa al «gota a gota».
- Plan Vial Campesino: 10.000 km de vías terciarias financiadas con regalías.
En lo social, su bandera es el «Ahorro pensional desde la cuna», donde los colombianos podrían elegir entre una pensión mensual o vivienda propia al jubilarse. Los subsidios se focalizarían en:
- Adultos mayores en pobreza (sin tocar ahorros ajenos).
- Madres cabeza de hogar.
- Jóvenes en educación técnica.
«La riqueza de la inteligencia artificial y las energías renovables debe llegar al bolsillo de la gente», insiste. Su modelo confía en que la formalización de micronegocios (sin costos iniciales) impulsará el empleo, pero críticos cuestionan si la austeridad extrema no ahogará la demanda interna.
Sergio Fajardo: un millón de empleos y transición energética controlada
Fajardo centra su plan en tres ejes técnicos:
- Ajuste fiscal: modernizar la DIAN y cerrar el déficit del Fondo de Combustibles (liberando 2 puntos del PIB).
- Competitividad logística: reducir el costo logístico del 15,6% al 9% en 5 años, con infraestructura al 3-4% del PIB.
- Empleo: crear 1 millón de puestos formales y formalizar a 4 millones de trabajadores.
Para el sector privado, propone:
- Fondo «Colombia Coinvierte» con US$1.000 millones en capital.
- Reducción del 50% en tiempos para crear empresas.
- Eliminación del 30% de trámites burocráticos.
En energía, su postura es intermedia: 1.000 MW anuales de renovables, pero con pilotos de fracking supervisados y gas como puente. «La transición debe ser realista, no ideológica», argumenta. Su apuesta por la diplomacia sanitaria busca abrir mercados, especialmente con Venezuela, bajo reglas claras para inversores extranjeros.
Mientras Cepeda y De la Espriella representan los extremos (redistribución vs. extractivismo), Valencia y Fajardo apuestan por modelos híbridos: ¿Podrá Colombia salir de la crisis sin elegir entre austeridad dolorosa o deuda insostenible?
