Oferta histórica: EE.UU. pagará hasta US$3.000 y el viaje de regreso a inmigrantes indocumentados que abandonen el país voluntariamente antes de 2025, una medida para reducir costos en deportaciones forzosas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentó la iniciativa como parte de la estrategia migratoria de la administración Trump para acelerar salidas voluntarias.
El programa, anunciado oficialmente, triplica el monto ofrecido en mayo (US$1.000) y cubre el traslado de quienes acepten la propuesta.
Noem advirtió: «Los indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad. Si no lo hacen, los arrestaremos y nunca podrán regresar».
El incentivo se gestionará a través de la app CBP, creada durante el gobierno de Biden pero reorientada para este fin.
Detalles del programa
El Departamento de Seguridad Nacional organizará los traslados y entregará el pago a quienes se acojan antes de fin de 2025.
- Monto máximo: US$3.000 por persona.
- Costo promedio de deportación forzada: US$17.000.
- Plazo: hasta 31 de diciembre de 2025.
Desde enero de 2025, cerca de 1,9 millones de indocumentados se han autodeportado, incluyendo miles que usaron la app CBP.
Lecciones de Europa: ¿funcionan los incentivos?
Programas similares en Europa, como el de España, ofrecen billetes de avión y apoyo para reinstalación, pero su éxito depende de las oportunidades en los países de origen.
La diferencia clave: mientras Europa enfoca sus ayudas en migrantes recientes o solicitantes de asilo rechazados, EE.UU. apunta a una población de 2 millones con raíces en el país, incluyendo familias con hijos ciudadanos.
Expertos advierten que los incentivos económicos pueden generar migración circular: algunos beneficiarios usan el dinero para intentar reingresar meses después.
¿Ahorro real o espejismo?
Aunque el programa reduce costos a corto plazo (US$3.000 vs. US$17.000), podría afectar sectores como agricultura o construcción, donde los indocumentados representan mano de obra clave.
El Departamento de Trabajo alerta sobre posibles presiones inflacionarias si la salida de trabajadores no se compensa con alternativas.
«Esta política no se medirá por deportaciones evitadas, sino por su impacto en la economía», señalan analistas.
