Estrategia populista: El presidente Gustavo Petro cierra su mandato con medidas de alto impacto político, pero sin sustento técnico, buscando impulsar la campaña de Iván Cepeda.
El aumento del 23,7% en el salario mínimo, la reducción de precios en combustibles y el polémico proyecto para suspender plataformas como Uber y Didi reflejan una estrategia diseñada para cosechar beneficios electorales inmediatos. Sin embargo, estas decisiones dejan graves consecuencias fiscales para el próximo gobierno, advierten expertos.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y el Banco de la República han alertado sobre el deterioro económico, pero el Ejecutivo prioriza la percepción de bienestar en los hogares antes de las elecciones.
El polémico Proyecto de Ley 347: ¿Guerra contra las apps de movilidad?
El Proyecto de Ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte, fue interpretado como un ataque frontal a las plataformas digitales. La iniciativa buscaba declarar ilegales servicios que hoy son el sustento de 1,2 millones de personas, desafiando sentencias de la Corte Suprema que reconocen el derecho a usar avances tecnológicos.
José Daniel López, presidente de Alianza In, denunció que el proyecto no regulaba, sino que buscaba aniquilar el sector. Las sanciones propuestas incluían:
- Inmovilización de vehículos por 60 a 120 días para conductores.
- Multas de $4,7 millones por viaje para usuarios.
- Prohibición a funcionarios y congresistas de opinar a favor de estas plataformas.
- Multas de hasta $726,6 millones a propiedades horizontales que no colaboraran.
Tras el escándalo nacional, el Gobierno retiró temporalmente el proyecto, alegando
