Crisis empresarial: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desató una polémica al exigir a las empresas información detallada sobre sus precios, márgenes de ganancia y estrategias comerciales.
La medida, justificada como un control para evitar abusos tras el alza del 23,7% en el salario mínimo, generó rechazo unánime en los gremios, que la califican de «animadversión» y amenaza a la propiedad privada.
La SIC envió siete solicitudes técnicas que indagan desde algoritmos de precios hasta el impacto del dólar en los costos, e incluso si las empresas usan inventarios para manipular valores. Para los empresarios, esto no es fiscalización, sino una «coadministración» estatal que viola el artículo 333 de la Constitución.
«Esto es el camino de Venezuela»: Fenalco compara medidas de la SIC con el chavismo
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, fue contundente: tachó la actuación de la SIC como un «paso en falso» que la convierte en una «Superintendencia de Precios».
Cabal equiparó las medidas con políticas de la cortina de hierro y el modelo venezolano, advirtiendo que los controles de precios llevaron a ese país al desabastecimiento y la migración masiva. Criticó que exigir desgloses de 40.000 referencias es «imposible» y demuestra desconocimiento de la microeconomía.
«Preguntar por variaciones diarias en perecederos o descuentos por exceso de stock es una perogrullada», señaló. Para Fenalco, el Gobierno intenta reparar con amenazas el daño causado por el ajuste salarial, lo que podría incentivar contrabando y escasez.
Andi y Consejo Gremial: «Vigilar no es acosar»
La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) alertó sobre un exceso de facultades: la ley no autoriza a la SIC a inspeccionar márgenes de ganancia o estrategias comerciales, lo que pone en riesgo secretos industriales y la competencia.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, fue clara: «Inspeccionar no es acosar». Exigió que el Estado investigue conductas ilegales probadas, no que trate a todas las empresas como sospechosas con solicitudes preventivas.
Para los gremios, fiscalizar la rentabilidad ahuyenta la inversión y lleva a un control de precios indirecto, erosionando la libertad de empresa.
Impacto en el sector productivo: ¿Hacia un modelo intervencionista?
Mientras la SIC argumenta que busca proteger a los consumidores de precios «inequitativos», los empresarios defienden la reserva comercial como una garantía constitucional.
Advirtieron que el problema real no es la rentabilidad, sino la falta de ejecución estatal. Si el Gobierno centraliza decisiones sobre márgenes, advierten, desaparecerán los incentivos para innovar y generar empleo.
El sector productivo se siente bajo «asedio» administrativo y pide cordura técnica, recordando que la libertad de empresa es clave para la productividad del país.
