Crisis institucional: El Ministerio del Trabajo ratificó la legitimidad de la Asamblea Constituyente frente a la obstrucción de altos tribunales a reformas estructurales.
El titular de la cartera, Antonio Sanguino, aseguró que la ciudadanía requiere un nuevo marco normativo para superar los obstáculos jurídicos que han frenado la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma sanitaria y la implementación del salario vital. «El pueblo trabajador sigue activo», declaró, en medio de un escenario judicial cada vez más complejo.
La polémica escaló tras la presentación de un recurso de súplica contra la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió el decreto de salario mínimo 2026. El Gobierno argumenta que la suspensión excede el carácter instrumental de la medida y carece de fundamento legal.
Presión en las calles
Con la consigna «ni un peso atrás», el presidente Gustavo Petro lideró una movilización junto a su gabinete para defender el aumento salarial del 23,7 %. La jornada, realizada antes de las elecciones legislativas, buscó consolidar el respaldo de las bases sociales.
Mientras las centrales obreras apoyaron la medida, gremios empresariales y sectores opositores la calificaron como agitación con fines electorales. La tensión refleja la polarización en torno a las políticas económicas del Ejecutivo.
Frente judicial en expansión
La Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, recusado por el Gobierno, lo que lo excluye de la discusión sobre la reforma pensional. La decisión es crucial: determinará si la reforma supera el examen de constitucionalidad o regresa al Congreso por posibles vicios de trámite.
En juego está la implementación del nuevo sistema pensional, uno de los pilares del plan de gobierno. La incertidumbre jurídica amenaza con retrasar su aplicación indefinidamente.
Decreto transitorio bajo la lupa
Sanguino defendió el decreto transitorio que mantiene el aumento salarial mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo del caso. El ministro explicó que el magistrado Juan Camilo Morales ordenó al Ejecutivo expedir este acto provisional durante el análisis de las demandas contra el decreto original.
«El tema sigue vivo«, insistió el funcionario, destacando que el plazo de ocho días para emitir el decreto transitorio es sui generis. «Nunca antes se había suspendido un decreto de salario mínimo mediante medida cautelar», subrayó, cuestionando la legalidad del procedimiento.
Cálculo técnico en disputa
El incremento del 23,7 % se basó en una fórmula que busca alinearse con el salario vital definido por la OIT para Colombia. Sanguino argumentó que el cálculo equilibra la dignificación laboral con la estabilidad macroeconómica, evitando presiones inflacionarias.
Ante críticas por no aumentar más el salario, el ministro respondió que se priorizó un enfoque técnico sobre consideraciones políticas. «No es un capricho, es un análisis riguroso», afirmó.
Apoyos a mipymes en riesgo
El Gobierno anunció un decreto de emergencia económica con medidas para las mipymes, incluyendo una tasa diferencial de renta. Sin embargo, la suspensión previa de la emergencia económica por la Corte Constitucional ha retrasado su implementación.
Desde 2022, el Ministerio del Trabajo ha entregado 1,5 millones de incentivos, equivalentes al 35 % del salario mínimo, para empresas que contraten personas con barreras de acceso al mercado laboral: discapacidad, juventud, maternidad, racialidad y diversidad sexual. Además, se mantienen líneas de crédito especiales para el sector.
Constituyente: la apuesta del Gobierno
Sanguino ratificó que la Asamblea Constituyente avanzará como respuesta a los bloqueos institucionales. «Es una ley de la República votada dos veces por el Congreso», recordó, refiriéndose a la reforma pensional, cuya implementación debió comenzar el 1 de julio de 2025.
El ministro advirtió que, aunque se espera una pronta decisión de la Corte, la constituyente seguirá su curso. «El país necesita un nuevo marco constitucional para evitar que las reformas estructurales sean saboteadas por intereses particulares», sentenció.
Escenario legal incierto
El Consejo de Estado deberá resolver el recurso de súplica presentado por el Gobierno en un plazo de uno a un mes y medio. La decisión definirá si el decreto de salario mínimo se mantiene o es anulado.
Si se declara la nulidad, la medida no tendrá efectos retroactivos sobre los salarios ya pagados. No obstante, el impacto en la economía y la confianza institucional podría ser significativo.
Para Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, el decreto transitorio carece de respaldo técnico suficiente. «No hay un estudio claro que cumpla con la Ley 278 de 1996, especialmente en lo relacionado con inflación y productividad», señaló.
El analista cuestionó si el concepto de salario vital de la OIT es suficiente para justificar el aumento, sugiriendo que un análisis desprovisto de contexto electoral podría arrojar resultados distintos. La última palabra la tendrá el Consejo de Estado, que evaluará la constitucionalidad de ambos decretos.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura: «La constituyente es la única vía para superar el bloqueo institucional«, reiteró Sanguino, dejando en claro que no darán marcha atrás en su agenda de reformas.
