Cambio de rumbo: Latinoamérica vive un giro a la derecha con promesas de sanear finanzas, reducir el Estado y recuperar la confianza del sector privado.
Tras años de hegemonía progresista, una nueva ola de gobiernos asume el poder en la región con un discurso centrado en el ajuste fiscal y la eficiencia estatal. Sin embargo, el camino desde el discurso hasta la calle se ha revelado espinoso: el optimismo de los inversionistas choca con el descontento social y las movilizaciones masivas.
Según Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, este cambio responde a la incapacidad crónica de la clase política tradicional para resolver las demandas económicas y sociales de la población. Lo que esto revela es una crisis de representación que ha abierto espacio a propuestas radicales en ambos extremos del espectro político.
Torres advierte que este escenario ha agudizado las brechas sociales, generando discursos polarizados donde, irónicamente, todos los actores se presentan como los únicos protectores de los ciudadanos. El analista financiero Mateo Castaño añade que, pese al giro regional, los problemas de fondo varían significativamente entre países: mientras algunos enfrentan desórdenes macroeconómicos que exigen reformas fiscales urgentes, otros gestionan economías estancadas con instituciones estables.
El investigador económico Luis Fernando Ramírez explica que el discurso dominante sobre la reducción del Estado y el control del gasto público surge de un deterioro grave en las finanzas regionales. Los egresos por políticas de gasto crecieron muy por encima de los ingresos corrientes, amplificando los déficits fiscales. Con un margen casi nulo para subir impuestos —dada la ya elevada presión tributaria—, la reducción del gasto se ha convertido en el principal caballo de batalla de esta nueva ola conservadora.
Argentina y Ecuador: el ajuste fiscal y sus costos sociales
El caso más radical es el de Argentina bajo Javier Milei, quien lleva más de dos años en la Casa Rosada con un plan de estabilización diseñado para enterrar dos décadas de lo que su gobierno califica como «populismo de izquierda». Su estrategia se basa en dos pilares: el control de la inflación mediante políticas monetarias y el equilibrio fiscal estricto.
Inicialmente, el peso argentino sufrió una devaluación drástica, pasando de 400 a 800 unidades por dólar, lo que encareció alimentos y combustibles. Posteriormente, el gobierno implementó una devaluación administrada del 2% mensual y, en junio de 2024, congeló la base monetaria, que se había expandido un 66,8% hasta ese momento. Desde una perspectiva económica, este enfoque busca corregir distorsiones acumuladas, pero su costo social es inmediato y visible.
Fernando Ramírez advierte que medidas como los recortes en estabilidad laboral pública o los subsidios enfrentan un rechazo automático a corto plazo. Aunque Argentina logró en 2024 su primer superávit presupuestario en más de una década, este se alcanzó mediante recortes en jubilaciones, congelamiento de la inversión en infraestructura y posposición de pagos a proveedores, lo que configura un superávit cíclico, pero no estructural.
La respuesta en las calles no se ha hecho esperar: marchas universitarias y sindicales han salido a protestar contra estas medidas, así como contra la flexibilización laboral y los recortes educativos.
En Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, el enfoque ha sido distinto pero igualmente controvertido. Tras cumplir dos años de gestión en noviembre, el país salió de la recesión de 2024 —cuando el PIB cayó un 2%— y creció un 3,7% en 2025, impulsado por el comercio y los servicios. Sin embargo, la brecha social persiste: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en junio de 2025 la pobreza se ubicó en el 24,0%, con una reducción de apenas 1,5 puntos porcentuales, no estadísticamente significativa, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 10,4%. La fractura territorial es evidente: la pobreza rural afecta al 41,7% de la población, frente al 15,7% en áreas urbanas.
Para financiar su agenda de seguridad nacional en medio de un conflicto armado interno, Noboa elevó el IVA del 12% al 15%, recaudando US$1.319 millones adicionales entre abril de 2024 y marzo de 2025. El golpe más duro llegó el 13 de septiembre de 2025, cuando eliminó el subsidio al diésel automotor, un gasto que costaba al Estado US$1.100 millones anuales. El precio del galón saltó de 1,80 a 2,80 dólares, desatando protestas inmediatas de comunidades indígenas agrupadas en la Conaie y gremios de transportistas, que denunciaron la precarización laboral y el alza de la canasta básica.
Esta semana, Noboa llevó la reducción del Estado a otro nivel al disminuir los ministerios de 14 a 10, disolviendo carteras como Vivienda, Cultura, Ambiente y la de la Mujer para absorberlas en estructuras mayores. Esto contrasta con las casi 40 entidades de alto nivel que operaban al final de la era de Rafael Correa en 2017. Más allá de los números, lo que emerge es una tensión entre la eficiencia administrativa y la representación de intereses sociales específicos.
Chile y Bolivia: subsidios eliminados y protestas en las calles
En Chile, bajo la administración de José Antonio Kast, el enfoque económico se ha centrado en sanear la caja pública y reactivar la producción, golpeada por desastres naturales. En marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó un Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional para inyectar 400.000 millones de pesos adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, con el objetivo de recuperar las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso.
Para reactivar el mercado inmobiliario —que arrastra un stock de 100.000 viviendas nuevas sin comprador frente a un déficit habitacional de 500.000 unidades—, el gobierno eliminó por 12 meses el IVA a la venta de inmuebles nuevos y suprimió las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años. En el plano empresarial, se busca reducir la tasa impositiva corporativa del 27% al 23% para medianas y grandes empresas, alineándose con los promedios de la Ocde. Además, se lanzó un subsidio macroeconómico al empleo formal, diseñado para devolver a los empleadores parte de las cotizaciones laborales.
Mateo Castaño señala que Kast es un conservador, no un libertario como Milei. Mientras el argentino eliminó múltiples ministerios en su primer mes, el mandatario chileno optó por mantener la estructura institucional vigente, concentrándose en acelerar el crecimiento de una economía que lleva cerca de diez años estancada. Analizando el contexto, esto refleja una estrategia gradualista que busca evitar el choque social, aunque no siempre lo logra.
Sin embargo, el rigor fiscal de Kast chocó con la realidad internacional. En marzo, la estrechez fiscal interna y el alza del crudo por el conflicto en Irán obligaron al gobierno a decretar un incremento histórico en los combustibles: la gasolina subió 370 pesos por litro y el diésel aumentó 580 pesos por litro. Las calles se llenaron de manifestantes estudiantiles y sindicatos que protestaron no solo por el encarecimiento del transporte, sino también por los recortes en salud y educación pública, desafiando normativas como la ley de Escuelas Protegidas.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira declaró la emergencia económica, energética, financiera y social tras heredar un Estado que describió como «vaciado por la corrupción» tras casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo. Con las reservas internacionales en mínimos y una escasez total de dólares, Paz Pereira tomó la decisión radical de eliminar por completo los subsidios a los combustibles, argumentando que solo servían para ocultar el saqueo fiscal. Su plan busca formalizar el aparato productivo, señalando que apenas el 8,5% de la economía boliviana opera dentro de la formalidad.
No obstante, esta estrategia sumió a Bolivia en un violento escenario de disturbios civiles que se extienden por más de un mes. Organizaciones indígenas, sindicatos mineros y movimientos campesinos mantienen bloqueos nacionales exigiendo la dimisión del mandatario. Lo que esto demuestra es que, en contextos de alta desigualdad, los ajustes fiscales sin redes de protección social pueden ser una bomba de tiempo.
Colombia: ¿el próximo en sumarse al giro?
Las experiencias de Argentina, Ecuador, Chile y Bolivia han servido como espejo para los debates en Colombia, donde propuestas de centroderecha como las de Abelardo de la Espriella plantean un programa económico opuesto al modelo actual. Su plataforma busca recuperar la confianza del sector privado para impulsar el crecimiento anual del PIB por encima del 7%, rompiendo la barrera del 3%. Para lograrlo, propone un ajuste fiscal drástico mediante un plan de choque que generaría un ahorro estructural anual del 3,1% del PIB, equivalente a un recorte de $31,8 billones, optimizando el Estado mediante la eliminación de nóminas paralelas y la fusión de agencias redundantes.
En el frente impositivo y laboral, De la Espriella propone modernizar la Dian con inteligencia artificial para reducir la evasión fiscal y simplificar la estructura tributaria. En empleo, apuesta por la desregulación y la creación de programas técnicos de ciclo corto enfocados en tecnologías de la cuarta revolución industrial y bilingüismo. Uno de los puntos más polémicos es su defensa de Ecopetrol como activo estratégico, recuperando la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, acelerando proyectos costa afuera y evaluando el fracking.
Alejandro Torres argumenta que, mientras la izquierda suele criticar la extracción de hidrocarburos como explotación extranjera, una visión realista muestra que los países en desarrollo no pueden permitirse abandonar recursos que financian su propia transición energética. Luis Fernando Ramírez coincide y añade que la reactivación mineroenergética impulsaría a las regiones colombianas afectadas por políticas antipetróleo. Sobre el fracking, los analistas señalan que en Colombia la discusión técnica fue desvirtuada y convertida en una prohibición ideológica, a diferencia de otros países de la región, como Argentina, que ya lo utilizan para fortalecer sus finanzas.
¿Logrará Latinoamérica equilibrar el ajuste fiscal con la estabilidad social o el costo político será demasiado alto para sostener el giro?
El dilema entre eficiencia y legitimidad social
El giro a la derecha en Latinoamérica no solo redefine prioridades económicas, sino que expone una tensión estructural: la eficiencia administrativa y el ajuste fiscal chocan frontalmente con la legitimidad social de las reformas.
Desde una perspectiva sectorial, lo que emerge es un patrón regional donde la reducción del Estado —ya sea mediante recortes ministeriales, eliminación de subsidios o congelamiento de inversiones— se implementa sin mecanismos compensatorios que amortigüen su impacto en la población. La eliminación de subsidios a combustibles en Ecuador y Bolivia, o los recortes en jubilaciones y educación en Argentina, revelan una estrategia de shock que prioriza la corrección macroeconómica sobre la cohesión social. Esto, en contextos de alta desigualdad, genera un círculo vicioso: el ajuste fiscal profundiza las brechas, lo que a su vez alimenta el descontento y las protestas, erosionando la gobernabilidad.
La pregunta clave no es solo si estas medidas lograrán sanear las finanzas públicas, sino a qué costo político y social. La polarización discursiva —donde cada actor se presenta como el único defensor de los ciudadanos— refleja una crisis de representación que trasciende lo económico. En países como Chile, donde el gradualismo busca evitar el choque social, el resultado es una tensión contenida pero no resuelta. En otros, como Argentina o Bolivia, el enfoque radical acelera la corrección de distorsiones, pero a un precio social inmediato y visible.
¿Sostenibilidad o fractura?
El desafío para estos gobiernos es demostrar que el ajuste fiscal puede ser sostenible sin profundizar las fracturas sociales. La experiencia regional sugiere que, sin redes de protección o diálogos inclusivos, el costo político de las reformas podría ser demasiado alto. La eficiencia, en este contexto, no puede ser un fin en sí misma si no garantiza también la estabilidad y la legitimidad a largo plazo.
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