Batalla legal: La Corte Constitucional analiza congelar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro, en un fallo que definirá el equilibrio de poderes en Colombia.
El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, convocó a una reunión extraordinaria el 23 de diciembre, en plena vacancia judicial, para debatir el decreto de emergencia económica que el Gobierno expidió tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria de 16 billones de pesos. Aunque dos magistrados —Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, cercanos a Petro— asistieron, argumentaron que era una sesión informal, evitando que la Corte frenara la medida de inmediato.
El debate reveló una división interna: mientras algunos magistrados, como Paola Meneses y Lina Marcela Escobar, defendieron la vacancia judicial (del 20 de diciembre al 10 de enero), otros, como Natalia Ángel y Carlos Camargo, cuestionaron si la Corte debía actuar de urgencia ante posibles errores del Ejecutivo. «¿Qué haría la Corte si un presidente declara una guerra en vacaciones?», planteó uno de ellos.
Históricamente, la Corte ha esperado al regreso de vacaciones para estudiar decretos de excepción, como ocurrió en 2008 y 2009 con Álvaro Uribe, y en 2015 con Juan Manuel Santos. Sin embargo, esta vez Ibáñez solicitó formalmente congelar los efectos del decreto hasta que se estudie su validez, una petición que será analizada este viernes y que podría marcar un precedente en el control constitucional.
¿Por qué es un fallo histórico?
La discusión trasciende lo jurídico: se cuestiona si el Gobierno puede usar el estado de excepción como «atajo» cuando pierde una votación clave en el Congreso. Ibáñez busca evitar que se cobren tributos que luego podrían ser declarados inconstitucionales, como ocurrió en 2023 con la emergencia en La Guajira, donde la Corte anuló los decretos pero ya se habían aplicado cobros a estratos 4, 5 y 6, generando un proceso de devolución complejo.
El impacto económico ya es tangible: el decreto elevó el IVA de licores del 5% al 19%, disparando precios. Ejemplos: el Amarillo de Manzanares pasó de 49.000 a 71.000 pesos, y el Ron Viejo de Caldas de 54.000 a 84.000 pesos. Además, la DIAN recaudó 250.000 millones de pesos en enero por beneficios tributarios vinculados a la medida.
Si el decreto no se congela, en marzo entraría en vigor el impuesto al patrimonio, que Petro aumentó del 1,5% al 5% —el más alto del mundo, según Bloomberg—, afectando patrimonios desde 2.000 millones de pesos (antes, el umbral era 3.000 millones).
¿Cómo votarán los magistrados?
La Corte enfrenta un dilema: ¿puede un Gobierno usar la emergencia económica para eludir al Congreso? Aunque seis magistrados podrían declarar inconstitucional el decreto en el fallo de fondo, solo tres —Fernández, Carvajal y Juan Carlos Cortés— lo respaldarían. Natalia Ángel y Miguel Polo, usualmente cercanos al Gobierno, esta vez se distanciarían por considerar que la medida carece de «hechos sobrevinientes reales».
El principal obstáculo para congelar el decreto es un precedente de 1994, que prohíbe suspender provisionalmente decretos de excepción. Aunque algunos magistrados argumentan que circunstancias extremas podrían justificar una revisión, el consenso actual apunta a que la Corte tumbaría los decretos, pero no antes de marzo.
La recusación presentada por la Presidencia contra Ibáñez —tras sus declaraciones en una entrevista— añade incertidumbre. Este viernes, la Corte decidirá sobre este recurso y la suspensión del decreto, en una sesión que podría redefinir los límites del poder Ejecutivo.
Cronograma del fallo
- El expediente ya fue asignado al magistrado ponente y se dictó el auto de conocimiento.
- Etapa de pruebas: 3 a 5 días para el Gobierno y otros intervinientes, con posible extensión de una semana.
- Del 2 al 7 de febrero: proceso en lista para intervenciones ciudadanas.
- El Procurador tendrá 10 días hábiles para emitir su concepto.
- 19 de febrero: fecha límite para que el ponente presente el proyecto de fallo.
- Última semana de febrero o primera de marzo: posible decisión de la Sala Plena, salvo incidentes.
La tesis crítica señala que el Gobierno usó la emergencia como respuesta a una derrota política —el hundimiento de la reforma tributaria—, en lugar de ajustar el presupuesto, lo que desnaturaliza el equilibrio de poderes. «Abrir este atajo institucional es peligroso», advierten expertos.
