Guerra por los bloqueos: Cloudflare se planta ante Italia y España por medidas que afectan a servicios legítimos en la red.
Estamos ante un conflicto que trasciende el fútbol: la lucha por controlar qué contenidos se bloquean en internet y cómo. Lo que comenzó como una ofensiva contra emisiones ilegales de partidos se ha convertido en un debate global sobre quién tiene el poder de apagar partes de la red, incluso cuando eso implica dañar servicios legítimos que comparten infraestructura.
La estrategia detrás de los bloqueos: rapidez vs. precisión
Tanto en Italia como en España, la lógica es la misma: actuar sobre los intermediarios que conectan a los usuarios con los servidores para frenar la difusión no autorizada de contenidos. Esta estrategia permite bloqueos masivos y rápidos, pero con un alto costo: daños colaterales en servicios que nada tienen que ver con la piratería.
Cómo funcionan los bloqueos: No se trata solo de cerrar una página, sino de decidir en qué punto de la conexión se interrumpe el acceso. Las opciones incluyen bloquear la traducción del nombre de dominio a una dirección IP, cortar directamente esa IP o pedir a un intermediario que deje de servir los datos.
El DNS: la palanca clave en los bloqueos
El sistema DNS (Domain Name System) es el encargado de traducir los nombres de las webs en direcciones técnicas que los ordenadores entienden. Si esta traducción se interrumpe, la página deja de ser accesible, aunque el servidor siga funcionando. Por eso, el DNS se ha convertido en un objetivo atractivo para los bloqueos: permite cortar el acceso de forma rápida y sin tocar directamente el contenido.
1.1.1.1: el servicio de Cloudflare en el centro del debate
Entre los servicios DNS públicos más conocidos está 1.1.1.1, gestionado por Cloudflare. Este resolvedor DNS de uso masivo es utilizado por usuarios y aplicaciones para traducir nombres de dominio en direcciones IP. Su escala lo hace especialmente sensible: cualquier intervención sobre él no se limita a un país o red concreta, sino que puede tener efectos globales.
Cloudflare argumenta que puede cumplir órdenes judiciales que le obliguen a actuar sobre clientes concretos o su red de distribución, pero rechaza modificar herramientas abiertas como su DNS público por decisiones administrativas de un solo país. Para la empresa, esto supondría que una autoridad nacional pudiera cambiar cómo funciona una pieza básica de internet para usuarios de todo el mundo.
Un módem con cables de red, símbolo de la infraestructura que conecta a los usuarios con los servidores.
Italia: Piracy Shield y las polémicas por los bloqueos masivos
El modelo italiano no se limita a bloquear páginas individuales, sino que actúa sobre piezas enteras de la ruta por la que circula el tráfico. A través de Piracy Shield, se ordena bloquear dominios e IP, e incluso incluye expresamente a servicios de DNS públicos como 1.1.1.1 y proveedores de VPN como sujetos obligados cuando están implicados en la accesibilidad de contenidos.
El problema no es solo la cantidad de bloqueos, sino cómo se ejecutan y con qué margen de rectificación. La lógica de reacción rápida prioriza cortar el acceso mientras el evento está ocurriendo, lo que aumenta el riesgo de afectar a terceros cuando se actúa sobre piezas compartidas de la red.
Datos de AGCOM: Desde febrero de 2024, se han deshabilitado más de 65.000 nombres de dominio completos (FQDN) y unas 14.000 IP.
Mapa de la red global de Cloudflare, que ilustra la escala de su infraestructura y su exposición a bloqueos masivos.
La sanción millonaria y la amenaza de Cloudflare
A finales de 2025, AGCOM impuso a Cloudflare una sanción de más de 14 millones de euros por no cumplir una orden previa emitida el 18 de febrero de 2025. Según el regulador, la empresa debía desactivar la resolución DNS de determinados dominios y el enrutamiento del tráfico hacia direcciones IP señaladas a través de Piracy Shield.
La respuesta de Cloudflare no se hizo esperar. La compañía amenazó con retirar sus servidores de Italia, suspender servicios gratuitos —incluidos los vinculados a los Juegos Olímpicos 2026— y replantear sus inversiones en el país. Matthew Prince, CEO de Cloudflare, anunció que viajará a Washington para plantear el caso ante funcionarios de la administración de Estados Unidos.
España: el camino judicial y los daños colaterales
En España, el sistema no depende de un regulador administrativo, sino de una resolución judicial obtenida por LaLiga. El 18 de diciembre de 2024, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona autorizó medidas de bloqueo contra direcciones utilizadas para retransmitir partidos sin derechos. El 26 de marzo de 2025, el mismo tribunal rechazó las impugnaciones y dejó la orden en vigor.
La ejecución de estos bloqueos ha generado numerosas quejas. Los proveedores de acceso bloquean direcciones IP completas, no solo dominios concretos, lo que arrastra a servicios legítimos que comparten esa misma IP. Es como tapiar la entrada de un edificio porque en uno de sus apartamentos se comete una infracción, afectando a todos los inquilinos.
Cloudflare en España: impacto indirecto
A diferencia de Italia, en España Cloudflare no recibe órdenes directas de bloqueo. Sin embargo, los operadores de internet ejecutan los bloqueos sobre listas de direcciones que suelen incluir IP de la red de Cloudflare, afectando así a sus clientes.
¿Qué está en juego?
El conflicto entre Cloudflare y los reguladores de Italia y España plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de internet:
- ¿Quién debe decidir qué contenidos se bloquean y cómo?
- ¿Hasta qué punto es aceptable que los bloqueos afecten a servicios legítimos?
- ¿Puede un país modificar el funcionamiento de herramientas globales como el DNS público?
La respuesta de Cloudflare, con su amenaza de retirar servicios e inversiones, subraya la gravedad del debate. Mientras tanto, los usuarios siguen sufriendo las consecuencias de bloqueos masivos que, en muchos casos, no distinguen entre lo legal y lo ilegal.
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