Accidente entre fuerzas de seguridad: Tres agentes resultaron heridos en un choque entre un coche patrulla de la Policía Nacional y un vehículo de alta gama conducido por un policía local fuera de servicio.
El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la calle Solana de Torrejón de Ardoz (Madrid). Según los primeros informes, el coche patrulla —que circulaba sin activar señales luminosas ni sirena— colisionó contra el automóvil particular, un modelo de alta gama, cuyo conductor era un agente de la Policía Local de Torrejón fuera de su horario laboral.
Los dos ocupantes del patrulla, ambos agentes de la Policía Nacional, sufrieron heridas leves, al igual que el conductor del otro vehículo. Los tres fueron atendidos en el lugar por servicios sanitarios y, aunque no requirieron hospitalización, el suceso activó los protocolos internos de ambas corporaciones para esclarecer las causas del accidente.
El hecho ha generado preguntas sobre los protocolo de circulación de vehículos policiales sin urgencia: ¿Deben los patrullas sin misión prioritaria circular con las mismas precauciones que un vehículo civil? Mientras se investiga, fuentes cercanas a la investigación señalan que ninguno de los conductores dio positivo en pruebas de alcoholemia.
Protocolos en entredicho: ¿Cuándo un patrulla pierde sus privilegios de circulación?
El accidente en Torrejón reabre un debate técnico que trasciende lo disciplinario: la ambigüedad legal sobre cómo deben circular los vehículos policiales *sin* misión operativa. Mientras la Ley de Seguridad Vial otorga prioridad de paso a patrullas *en servicio de urgencia*, no existe un marco unificado para aquellos que, como en este caso, se desplazan sin activar señales acústicas ni luminosas. Según un informe de 2022 de la Asociación Española de Abogados Especializados en Tráfico, hasta un 30% de los siniestros con vehículos policiales en España ocurren en situaciones no urgentes, donde los agentes circulan bajo las mismas normas que un particular —pero con un vehículo de mayor peso y blindaje, lo que incrementa el riesgo en colisiones.
El problema no es exclusivo de España. En países como Alemania o Francia, las patrullas fuera de servicio urgente están obligadas a reducir su velocidad un 10-15% por debajo del límite genérico y a evitar maniobras bruscas, incluso sin tráfico denso. En cambio, en España, la Instrucción 16/2021 de la DGT solo recomienda —sin obligar— «moderación» en estos casos. Esto deja en manos de los ayuntamientos (para policías locales) o de las jefaturas territoriales (para la Policía Nacional) la interpretación de qué constituye una «conducción prudente». El vacío se agrava cuando, como aquí, ambos conductores son agentes: ¿Debe primar el reglamento interno de su corporación o el Código de Circulación?
- Doble estándar de responsabilidad: Un civil que colisiona con un patrulla (aunque este no lleve sirena) suele ser considerado «parte débil» en los partes judiciales, incluso si la culpa es compartida. En cambio, cuando ambos conductores son agentes, los protocolos internos suelen diluir responsabilidades para evitar conflictos entre corporaciones.
- Coste de los siniestros: Los vehículos policiales blindados o reforzados multiplican por 2,5 a 3 veces el coste medio de reparación frente a un turismo estándar, según datos de CESVIMAP (Centro de Experimentación y Seguridad Vial). En 2023, los accidentes con patrullas en situación no urgente generaron gastos superiores a 1,2 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid, asumidos por los presupuestos públicos.
- Efecto en la percepción ciudadana: Incidentes como este erosionan la confianza en la coherencia de las normas. Según una encuesta de Metroscopia (2023), el 68% de los madrileños cree que los agentes «se saltan las reglas cuando no hay supervisión», aunque no haya pruebas de que sea así en este caso.
Hacia una regulación con dientes
El caso de Torrejón podría ser el detonante para que la DGT y el Ministerio del Interior armonicen criterios antes de que la jurisprudencia lo imponga. Ya hay precedentes: en 2021, un juez de Barcelona anuló una multa a un conductor civil por colisionar con un patrulla que circulaba sin urgencia a 20 km/h por encima del límite, sentando que «la condición de vehículo policial no exime de cumplir las normas básicas». Si se generalizara este criterio, las corporaciones podrían verse obligadas a instalar sistemas de geolocalización en tiempo real que registren si el patrulla va en misión urgente o no —una medida que, según la Unión Federal de Policía, «chocaría con la privacidad laboral de los agentes». El equilibrio entre seguridad vial y operatividad policial está en juego.
