Operación antinarcóticos en alta mar: El Comando Sur de EE.UU. hundió una embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico, dejando dos tripulantes muertos.
El ataque, ejecutado con un proyectil de precisión, fue registrado en video y difundido por el organismo militar en su cuenta oficial de X. La acción forma parte de la «Operación Lanza del Sur», un despliegue iniciado en agosto de 2025 para combatir el narcotráfico en la región.
Cifras escalofriantes: más de 200 muertos en 10 meses
Con estos dos nuevos fallecidos, el saldo mortal de la operación supera los 200 muertos desde su implementación. Según datos de la agencia EFE, las fuerzas estadounidenses realizan un promedio de tres ataques semanales contra embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental y el Caribe.
La Casa Blanca defiende el uso de tácticas militares —en lugar de procedimientos policiales— alegando que estas naves están vinculadas a «organizaciones criminales transnacionales», calificadas como grupos «terroristas» por el gobierno.
Mismos comandos, misma estrategia: el vínculo con la captura de Maduro
Las unidades desplegadas en «Lanza del Sur» son las mismas que, el pasado 3 de enero, ejecutaron la polémica operación en Caracas para detener al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Este antecedente refuerza el patrón de acciones directas contra objetivos considerados de «alto riesgo» por Washington.
¿Qué criterios utiliza EE.UU. para diferenciar entre una embarcación de pesca y una «narcolancha»? La respuesta sigue siendo un misterio operacional.
El Pacífico oriental: un corredor estratégico más allá de las drogas
Mientras la atención mediática se centra en el saldo humano de estas operaciones, el Pacífico oriental se ha convertido en un escenario clave para intereses que van más allá del narcotráfico. Esta zona, históricamente dominada por rutas de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU., ahora también es un punto de tensión geopolítica por su cercanía al Canal de Panamá y a proyectos chinos como el puerto de Chancay en Perú, inaugurado en 2024. Analistas de la Heritage Foundation señalan que Washington intensificó sus patrullas no solo para interceptar drogas, sino para monitorear movimientos de buques con tecnología dual (civil-militar) vinculados a Pekín.
El uso de tácticas militares —en lugar de abordajes policiales— responde a un protocolo heredado de la Iniciativa Mérida (2008), pero con un giro: desde 2023, el Pentágono clasifica a ciertas redes de tráfico como «amenazas híbridas», un término antes reservado para grupos como Hezbolá. Esto permite emplear reglas de enfrentamiento más flexibles, similares a las usadas en el Cuerno de África contra piratas somalíes. La diferencia clave es que, en el Pacífico, no hay un marco legal internacional claro: mientras la ONU avala operaciones antipiratería, aquí EE.UU. actúa bajo autoridad doméstica (Ley de Poderes de Guerra de 1973), lo que genera fricciones con países como México y Ecuador, que exigen transparencia.
- Tecnología disputada: Las narcolanchas interceptadas suelen llevar equipos de comunicación satelital Starlink (prohibidos para uso no autorizado), pero también sistemas de navegación BeiDou (chinos), lo que alimenta teorías sobre espionaje encubierto.
- Coste oculto: Cada proyectil Hellfire usado en estos ataques cuesta alrededor de $110,000, según informes del Government Accountability Office. Con tres operaciones semanales, el gasto anual superaría los $170 millones, sin contar el despliegue de drones MQ-9 Reaper.
- Precedente legal: En 2022, Colombia demandó a EE.UU. ante la CIDH por un caso similar. El fallo, aún en apelación, podría sentar jurisprudencia sobre el uso de fuerza letal en aguas internacionales.
¿Hacia una militarización permanente de la guerra contra las drogas?
La fusión de objetivos antinarcóticos con prioridades de seguridad nacional —como contener la influencia china en la región— sugiere que estas operaciones no son temporales. Fuentes del Southern Command admiten en privado que el modelo se replicará en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde el tráfico de fentanilo ya se entrelaza con redes de migración irregular. El riesgo es normalizar un escenario donde la distinción entre «criminal» y «amenaza estatal» se diluya, dejando a países como Panamá o Costa Rica en una encrucijada: aliarse con Washington o buscar acuerdos bilaterales con China para proteger su soberanía marítima. La próxima prueba será cómo reaccionen cuando una «narcolancha» resulte ser un barco pesquero con tripulación civil, algo que, según la OFAC, ya ocurrió en dos ocasiones no reportadas públicamente en 2024.
