Presión ciudadana en Barcelona: La movilización vecinal frena otro desahucio por colivings en Gràcia.
El lanzamiento del residente Txema Escorsa en el número 14 de la finca Sant Agustí (barrio de Gràcia, Barcelona), programado para el 15 de abril, ha sido suspendido por 90 días. La decisión llega tras una solicitud del fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), propietario del edificio, que busca una «salida extrajudicial» al conflicto, según confirmó el Síndic de Barcelona en un comunicado emitido este viernes.
El Sindicat de Llogateres califica el aplazamiento como una «victoria histórica» para las «cientos de personas» que se movilizaron el pasado 25 de marzo, fecha del primer intento de desahucio. «NAD ha comprobado que no podrá actuar con impunidad«, declaró el colectivo, que denuncia el modelo de colivings —habitaciones alquiladas a precios superiores a 950 euros mensuales— como «especulación disfrazada de modernidad».
¿Por qué se suspendió el desahucio?
La comitiva judicial abortó el lanzamiento el 25 de marzo «por razones de seguridad«, según fuentes oficiales. La concentración masiva de vecinos y activistas —que rodearon el edificio para impedir el acceso— obligó a posponer la acción. Escorsa, afectado directo, había sido demandado por NAD para convertir su vivienda en un coliving, un formato que, según datos del Observatorio DESC, ha aumentado un 40% en Barcelona desde 2022.
El fondo alega que busca «explorar soluciones consensuadas», pero el Sindicat de Llogateres exige medidas más contundentes: «No basta con aplazar un desahucio. Hay que prohibir la compra de viviendas con fines especulativos y aplicar sanciones ejemplares a fondos como NAD».
El contexto: colivings vs. derecho a la vivienda
El caso de Sant Agustí 14 refleja un patrón en auge: fondos de inversión adquieren edificios enteros para reconvertirlos en colivings, disparando los precios y reduciendo la oferta de alquiler tradicionales. En Gràcia, donde el 68% de los hogares son en régimen de alquiler (datos del Ayuntamiento de Barcelona, 2023), este modelo ha generado un aumento del 22% en los desahucios por impago en el último año.
Txema Escorsa, de 67 años y residente en el edificio desde hace 18 años, denuncia que NAD le ofreció «una indemnización irrisoria» para abandonar su hogar: «Quieren echarme para alquilar mi piso por rooms a 1.200 euros al mes. ¿Dónde voy a vivir yo con mi pensión?».
El aplazamiento de 90 días abre una ventana para negociar, pero el Sindicat advierte: «Si no hay cambios legales, esto volverá a pasar. ¿Cuántas victorias vecinales harán falta para que el Gobierno actúe?«
