Ecopetrol bajo fuego: La petrolera estatal enfrenta su mayor crisis con Ricardo Roa al frente, entre escándalos de corrupción, presión sindical y un enfrentamiento directo con el presidente Gustavo Petro.
El directorio de Ecopetrol decidió mantener a Ricardo Roa como presidente, ignorando los reclamos de la Unión Sindical Obrera (USO), accionistas minoritarios y hasta miembros internos de la junta. La decisión, anunciada tras una maratónica asamblea de más de 10 horas, profundiza la división en la empresa y alimenta los cuestionamientos sobre su gestión, marcada por caídas del 73% en utilidades netas (de $33,4 billones en 2022 a $9 billones proyectados para 2025) y múltiples investigaciones por tráfico de influencias.
La USO no solo exigió la salida inmediata de Roa, sino que amenazó con una movilización nacional si no se toman medidas. Su postura desencadenó un cruce público con el presidente Gustavo Petro, quien acusó al sindicato de ser «uribista» y de actuar como «una empresa de tercerización«. Petro fue más allá: afirmó que, durante el boom petrolero de 2015, Ecopetrol no invirtió en energías limpias por corrupción. «Lástima que parte de la USO siga aliada con esos corruptos«, declaró, elevando el tono del conflicto.
El mandatario adelantó que se reunirá con los delegados del Gobierno en el directorio para «tomar decisiones que eviten la quiebra de Ecopetrol cuando caigan los precios del petróleo«. Mientras, la USO respondió sin ambages: «No callaremos si hay un riesgo real por la permanencia de Roa«. El sindicato también rechazó ser instrumentalizado: «No estaremos en la fila de los dogmas ni del fundamentalismo idealista por conveniencia política«.
La presión no viene solo del sindicato. Accionistas minoritarios expresaron su preocupación por la imputación de cargos por la Fiscalía contra Roa, los riesgos contractuales y regulatorios, y la solicitud de renuncia presentada por Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol. Pese a todo, la junta directiva —con apoyo de asesores externos en Colombia y EE.UU.— concluyó que, hasta ahora, no hay incumplimientos de normas ni contratos. Sin embargo, omitió mencionar que el 11 de marzo de 2025 ya había informado sobre la imputación y sus posibles efectos internos.
División en el directorio: ¿Quiénes votaron en contra de Roa?
La votación que definió el futuro de Roa dejó al descubierto la fractura interna en Ecopetrol. Cuatro miembros del directorio —César Loza, Luis Felipe Henao, Juan Gonzalo Castaño y Ricardo Rodríguez Yee— votaron por su salida. En cambio, Ángela María Robledo (presidenta del directorio), Hildebrando Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano y Carolina Arias respaldaron su permanencia.
El conflicto escaló cuando más de 20 congresistas, liderados por Juan Espinal, presentaron una proposición exigiendo la remoción inmediata de Roa. El documento respalda el ultimátum de la USO y revela cifras alarmantes: bajo su gestión, Ecopetrol destinó US$5,9 millones en contratos con la firma Covington & Burling solo para «gestionar riesgos» derivados de los escándalos del presidente. Los legisladores advierten que la reputación de la «joya de la corona» está «mortalmente dañada» y que su permanencia afecta las calificaciones de riesgo de agencias como Moody»s, Fitch y S&P.
El panorama se complica con la imputación por tráfico de influencias, investigaciones disciplinarias y un certificado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por violación de topes electorales por $5.300 millones. Para los congresistas, Roa se ha convertido en el «principal lastre» de la petrolera.
Nuevo escándalo: Ecopetrol pagó US$42 millones a firma vinculada a corruptos venezolanos
Mientras el directorio debatía el futuro de Roa, estalló otro escándalo. Documentos internos, contratos y un informe de la firma Control Risks revelan una red de conexiones entre Ecopetrol y figuras señaladas por corrupción internacional. En el centro está el pago de US$42 millones en junio de 2024 a Termomorichal S.A.S. por plantas de energía en Campo Rubiales.
El problema: el 49% de Termomorichal pertenece a Genser Power Inc., una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Según un informe confidencial de cumplimiento de octubre de 2024, los beneficiarios reales de Genser son Alejandro Betancourt López y Francisco Convit, ambos señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) como conspiradores en el desfalco de US$1.200 millones a PDVSA.
Betancourt, identificado como «Conspirador No. 2» por el DOJ, fue arrestado dos veces en Londres (2025), la última bajo orden de extradición desde Suiza por blanqueo de capitales y desvío de fondos venezolanos. Convit, imputado en EE.UU. desde 2018, sigue prófugo. El tercer nombre que aparece en los documentos es Harry Sargeant III, señalado en el Congreso estadounidense por «pillaje de guerra» y desautorizado públicamente por Donald Trump en 2026. Los tres ingresaron al ecosistema de Ecopetrol durante la presidencia de Roa.
El informe confidencial que Ecopetrol ignoró
Lo más grave no es la red de corrupción, sino la cronología de alertas internas que fueron ignoradas. Según revelaciones de Caracol Radio, un due diligence interno de junio de 2023 —apenas 43 días después de que Roa asumiera el cargo— ya identificaba a Betancourt y Convit como beneficiarios reales de Termomorichal. El documento también advertía sobre:
- La imputación del DOJ contra Convit.
- El vínculo de Betancourt con el «depósito de US$500 millones en el Gazprombank del Líbano«, dineros de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
- Que Julián Caicedo, pareja de Roa, había trabajado como líder de compras en Termomorichal hasta diciembre de 2021.
A pesar de estas señales, Ecopetrol no frenó la operación. En junio de 2024, pagó los US$42 millones a Termomorichal. Los dividendos de ese año —unos $72.600 millones (US$17,5 millones)— terminaron en cuentas de Genser Power Inc. en las Islas Vírgenes.
El informe de octubre de 2024 también señala a Serafino Iacono como beneficiario real de Genser Power, aunque él niega ser socio al momento del pago. Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales, está vinculado a Roa por otra polémica: le vendió un apartamento a través de su firma Princeton International Holdings.
La junta directiva sabía: ¿Por qué aprobaron el pago?
El desembolso de US$42 millones no fue una decisión unilateral de Roa. El directorio de Ecopetrol —que incluye a los cinco miembros designados por el Gobierno de Petro en marzo de 2024 (Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Edwin Palma)— debió revisar y aprobar tanto la transacción como los informes de due diligence.
La obligación era mayor porque Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y está sujeta a la regulación de la SEC. Los documentos de Control Risks (marzo y octubre de 2024) eran material al que la junta tenía acceso. Pese a ello, el pago se ejecutó. Ahora, la Fiscalía tiene 30 días desde la imputación de marzo de 2025 para presentar su acusación formal, mientras la Procuraduría ordenó entregar todos los contratos relacionados.
Otros escándalos que rodean a Ricardo Roa
El «gangazo» del apartamento: ¿Favores por $927 millones?
La Fiscalía detalló en audiencia cómo Roa habría sido beneficiado en la compra de un apartamento en el edificio Entre Parques (Bogotá). El inmueble (unidad 901) tenía un valor comercial de $2.727 millones, pero Roa lo adquirió por $1.800 millones, un 34% menos ($927 millones de descuento). Para los investigadores, esta diferencia refleja un posible beneficio económico indebido.
El vendedor fue el empresario Juan Mancera, cercano a Roa. La operación está bajo la lupa por posibles conflictos de interés y porque, según denuncias, el pago se habría realizado en efectivo y en cajas, sin trazabilidad clara.
Espionaje a 70 funcionarios: ¿Búsqueda de un «topo»?
Documentos obtenidos por la Fiscalía sugieren que Roa habría ordenado interceptar comunicaciones, correos, dispositivos y documentación de al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo filiales como Hocol y Cenit. El objetivo: encontrar al «topo» que filtraba información sobre sus escándalos.
Para esta operación, Ecopetrol firmó un contrato por US$5,8 millones con la firma Covington & Burling LLP, cuya finalidad oficial era «medir el impacto de los escándalos de Roa en los mercados». Críticos señalan que este gasto se suma a los US$5,9 millones ya destinados a la misma firma para «gestionar riesgos», elevando el total a US$11,7 millones en contratos relacionados con la crisis de su presidente.
¿Pagaron US$42 millones por plantas que debían ser gratis?
Una investigación periodística reveló que las plantas Termomorichal I y II, por las que Ecopetrol pagó US$42 millones, debían transferirse sin costo a la petrolera desde 2016, tras la salida de Pacific Rubiales. El caso involucra al fallecido William Vélez y a Serafino Iacono, este último vinculado a la venta del apartamento a Roa.
Inicialmente, se buscaba la transferencia gratuita, pero la empresa de Vélez exigió más de US$40 millones. Ecopetrol encargó un nuevo análisis jurídico y, tras un concepto externo, pagó en junio de 2024. Ahora se cuestionan posibles errores administrativos y conflictos de interés, especialmente porque Iacono habría vendido el apartamento a Roa a través de su firma Princeton International Holdings.
Presunto reparto irregular: ¿Fondos para aliados políticos?
Otra investigación apunta a que Ecopetrol habría paralizado una licitación clave del Invías para la vía Puerto Gaitán–Rubiales, esencial para transportar el 30% del petróleo nacional. Los recursos, inicialmente asignados en un contrato por $512.000 millones, fueron redistribuidos entre entidades locales, dejando la obra con solo 8 kilómetros pavimentados y 27 kilómetros sin financiación.
Los $213.000 millones restantes quedaron en manos del Invías, la Agencia de Infraestructura del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, con contratos adjudicados a firmas ligadas a políticos regionales. Las denuncias apuntan a posibles sobrecostos y falta de transparencia en un proyecto estratégico para la producción petrolera.
Julián Caicedo: ¿La sombra detrás de las decisiones en Ecopetrol?
El constructor Johny Giraldo, quien remodeló el apartamento de Roa, denunció en entrevista con Daniel Coronell que la pareja del directivo, Julián Caicedo, tendría influencia en decisiones internas de Ecopetrol. Giraldo afirmó que la obra costó $2.300 millones, pero solo recibió $2.000 millones, presuntamente en efectivo y en cajas.
Como intermediarios, mencionó al abogado Hernando Ballesteros y a un tercero vinculado al fallecido William Vélez. Giraldo también expresó temor por su vida: «Si algo me pasa, la responsabilidad es de Roa y Caicedo«, declaró. Esta denuncia se suma a las acusaciones de que Caicedo, exlíder de compras en Termomorichal, habría mantenido vínculos con contratistas de Ecopetrol durante la gestión de su pareja.
¿Qué sigue para Ecopetrol? La Fiscalía tiene 30 días para presentar cargos formales contra Roa, mientras la Procuraduría exige los contratos bajo sospecha. Con utilidades en caída libre, una junta dividida y escándalos que se multiplican, la pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo podrá sostenerse Roa al frente de la petrolera más importante de Colombia?
