Escándalo en ISA: La designación de Jorge Carrillo como presidente dejó pérdidas millonarias y una crisis de transparencia.
La destitución de Jorge Carrillo en la presidencia de Interconexión Eléctrica (ISA) tras las demandas del abogado Julio César Yepes y el diputado Luis Peláez no es solo un hito legal: es el reflejo de una lucha ciudadana por la transparencia en las empresas públicas. Lo que inició como una alerta de ciudadanos comprometidos terminó en un expediente de miles de páginas que hoy pone en jaque a la junta directiva de la multinacional energética.
El costo de este proceso, marcado por errores y decisiones arbitrarias, supera los $6.000 millones para ISA. Un monto que los administradores deberán justificar ante la asamblea de accionistas el próximo 26 de marzo.
El origen del conflicto: ¿Cómo se impuso a Carrillo?
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando ISA —empresa con ingresos anuales de $16 billones y clave en la transmisión eléctrica regional— inició un proceso de selección de presidente con estándares internacionales. La firma Korn Ferry fue contratada para diseñar una matriz técnica que garantizara un perfil con visión global, experiencia en mercados de capitales y tarifación energética.
Sin embargo, en marzo de 2024, con la renovación de las juntas de Ecopetrol e ISA, llegaron delegados alineados con el Gobierno Petro. Los requisitos técnicos se modificaron para favorecer a Carrillo, cuyo perfil en EPM no coincidía con la complejidad de una multinacional de alta tensión.
El informe que descalificaba a Carrillo
Documentos obtenidos por este medio revelan que el reporte de Korn Ferry sobre Carrillo fue contundente: obtuvo solo 28 puntos en una escala donde los candidatos idóneos superaban ampliamente ese umbral. El informe advertía sobre su baja tolerancia al fracaso, dificultad para adaptarse a distintos interlocutores y tendencia a rechazar opiniones diversas.
A pesar de ser uno de los tres peores calificados entre ocho finalistas, la junta oficialista forzó su nombramiento, ignorando las advertencias sobre su falta de conocimiento en tarifación energética y mercados de valores.
Las represalias contra quienes alertaron
La imposición de Carrillo silenció a quienes cuestionaron el proceso. Carlos Humberto Delgado, vicepresidente de Talento de ISA, denunció violaciones a los estatutos y al Código de Buen Gobierno. Su valentía le costó el cargo: fue removido y reemplazado, en un intento por acallar la disidencia técnica.
Hoy, el Consejo de Estado ha validado su postura, señalando irregularidades en el proceso. Su despido sin justa causa es parte del detrimento patrimonial que ISA deberá asumir.
El costo legal de defender lo indefendible
Tras la demanda de nulidad, ISA contrató a la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa en lugar de usar su equipo jurídico interno. La estrategia fue la reserva: se intentó ocultar testimonios de la junta, alegando que afectarían la estabilidad bursátil de la empresa.
Los honorarios por este caso superan cifras millonarias. Accionistas minoritarios revelaron que los pagos a asesores externos —con tarifas por hora de socios senior superiores al millón de pesos— inflaron el gasto sin resultados.
La millonaria indemnización a Carrillo
Cuando el Consejo de Estado anuló su nombramiento el 26 de febrero, la junta de ISA demoró la ejecución del fallo. En lugar de terminarlo de inmediato, lo suspendieron, permitiendo que Carrillo siguiera recibiendo beneficios sociales mientras buscaba una aclaración judicial calificada como innecesaria.
Finalmente, su contrato se terminó sin justa causa, otorgándole una indemnización estimada entre $500 y $600 millones, sumando su salario base de $150 millones y bonificaciones mensuales equivalentes.
El detrimento patrimonial: $6.000 millones en pérdidas
El paso de Carrillo por ISA dejó un agujero financiero estimado entre $5.000 y $6.000 millones. Este monto incluye:
- Pago a Korn Ferry por un proceso de selección ignorado, que ahora deberá repetirse.
- Indemnizaciones a directivos removidos por oponerse a irregularidades, como Carlos Delgado.
- Honorarios a abogados externos por una defensa fallida.
- Dietas millonarias pagadas a miembros de la junta por sesiones que validaron un nombramiento ilegal.
En la asamblea del 26 de marzo, se propondrá una acción social de responsabilidad para que los cinco miembros de la junta que votaron a favor de Carrillo respondan con su patrimonio. Si Ecopetrol —con su 51,5% de acciones— bloquea esta acción, los minoritarios podrían demandar por abuso de mayoría.
El legado de Carrillo: cifras en rojo y crisis reputacional
Más allá del escándalo por su nombramiento, el paso de Carrillo dejó resultados preocupantes:
- Caída del 14% en utilidades netas de ISA en 2025 ($2,4 billones vs. $2,8 billones en 2024).
- Multa de US$14,4 millones en Chile por el «megaapagón» de febrero de 2025, que afectó a 19 millones de personas.
- Freno de la Corte Constitucional al plan de expansión de ISA en generación y comercialización de energía, limitándola a su negocio tradicional de transmisión.
Hoy, ISA enfrenta una interinidad institucional. Los siete candidatos originalmente evaluados en 2024 —como André Cangucú, José Arosa y Mónica Contreras— vuelven a considerarse, pero muchos dudan en unirse a una empresa con su reputación dañada.
¿Qué sigue para ISA?
La asamblea del 26 de marzo definirá el futuro. Ecopetrol propuso una nueva junta con figuras polémicas como Ricardo Roa y David Riaño, ya cuestionados por el fallo judicial. También aparece Mónica de Greiff, quien criticó públicamente los escándalos de Roa en Ecopetrol pero ahora acepta ser su postulada.
Los accionistas minoritarios preparan una nueva impugnación basada en el artículo 27 de los estatutos de ISA, que exige solvencia moral. Argumentan que la moralidad no depende de condenas penales, sino de estándares de conducta transparente. Si estos nombres se imponen, una nueva demanda de nulidad podría radicarse la semana siguiente.
Mientras tanto, Gabriel Jaime Melguizo, presidente encargado, ha removido a aliados de Carrillo como Jonathan Villada, exdirector de Aprovisionamiento, quien intentó adjudicar contratos en Perú por US$800 millones a firmas sin garantías técnicas. Sin embargo, persisten nombres clave en áreas estratégicas, lo que mantiene la alerta sobre posibles conflictos de interés.
La pregunta que queda en el aire: ¿Logrará ISA recuperar su rumbo técnico o seguirá siendo rehén de intereses políticos?
