Crisis energética en Colombia: gremios alertan por riesgo inminente de colapso.
El Comité Intergremial de Energía —conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia— encendió las alarmas por la asfixia financiera que sufren las empresas de electricidad y gas en el país. La causa: incumplimientos estatales acumulados y decisiones recientes que han profundizado la crisis operativa, llevando al sector al borde de un «apagón financiero» antes de que termine 2024.
Las cifras son contundentes: la deuda total asciende a $9,2 billones, una bomba de tiempo que compromete la continuidad del servicio y eleva el riesgo de cortes masivos. Según el desglose presentado por los gremios, el monto se reparte así:
- $3,5 billones en subsidios pendientes de pago.
- $2,2 billones por la Opción Tarifaria (mecanismo de alivio a usuarios).
- $1,4 billones adeudados por entidades públicas como hospitales y alcaldías.
- $2,1 billones vinculados a la intervenida Air-e, empresa clave en la región Caribe.
Esta hemorragia de liquidez ya afecta operaciones críticas: mantenimiento de redes, inversiones en infraestructura y hasta la capacidad para garantizar suministro estable. «Colombia sigue con luz gracias a que las compañías se endeudan para mantener el servicio, pero esto tiene un límite. El Estado recibió los subsidios de los usuarios y no los giró a las empresas«, denunció Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien advirtió que el riesgo de un «apagón técnico» —cuando la demanda supera la oferta— ya es una realidad.
Subsidios congelados: 12 meses sin pagos y deuda récord
El gas natural es el eslabón más débil. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, reveló que ni siquiera se ha liquidado el presupuesto para 2025, lo que bloquea cualquier posibilidad de que el Ministerio de Hacienda honre sus compromisos. Los números son elocuentes:
- Al 28 de febrero de 2026, la deuda por subsidios de gas alcanzará $1,15 billones (equivalente a más de un año de atraso).
- Cada mes se acumulan $110.000 millones adicionales en impagos.
- En el sector eléctrico, los subsidios pendientes suman $2,4 billones, con abonos parciales que no cubren ni el 30% del hueco.
Murgas fue clara: «Los subsidios no son un beneficio para las empresas, sino un alivio para familias vulnerables. El sistema ya los aplicó, pero el Gobierno no ha transferido un peso. Si esto persiste, las compañías terminarán financiando con su patrimonio una política pública que no es su responsabilidad«.
Entidades públicas: los «peores pagadores» con $1,4 billones adeudados
Hospitales, alcaldías e instituciones descentralizadas acumulan una deuda de $1,4 billones con las empresas de energía. Las zonas más afectadas son Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, donde opera Afinia, una de las comercializadoras más golpeadas.
«Es urgente que alcaldes y gobernadores entiendan el impacto de esta morosidad. No son deudas cualquier: son recursos que faltan para operar, invertir y evitar un colapso«, insistió Sánchez. La falta de pagos ha obligado a las empresas a recurrir a créditos bancarios con tasas de hasta el 18% anual, lo que agrava su situación.
Air-e: 18 meses de intervención, $2,1 billones en deudas y sin solución
El caso de Air-e es el símbolo de la crisis. Tras year y medio bajo intervención estatal, la empresa arrastra pasivos por $2,1 billones, distribuidos así:
- $1,3 billones con generadores térmicos.
- $250.000 millones con hidroeléctricas.
- Entre $500.000 y $700.000 millones con transportadores y transmisores.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, criticó la falta de acciones concretas: «Air-e ha tenido cinco interventores en 18 meses, pero no hay una solución estructural ni un peso asignado en el Presupuesto Nacional. Esto no es intervención: es abandono«.
«Tormenta perfecta»: impuestos, costos y regulaciones que ahogan al sector
Los gremios identificaron un cóctel letal que acelera la crisis:
- Mayor retención en la fuente, incluso para empresas sin utilidades.
- Creación del gravamen al patrimonio, que reduce capital de trabajo.
- Incremento del salario mínimo (+12% en 2024), encareciendo operaciones.
- Propuestas regulatorias que recortarían hasta un 30% los ingresos de las comercializadoras.
«Estamos en una tormenta perfecta: suben los costos, caen los ingresos y no nos pagan lo que nos deben. Lo más grave es que el Ministerio de Minas y Energía actúa como avestruz: niega el problema y cree que se resolverá solo«, denunciaron los voceros gremiales.
Déficit energético y El Niño: la combinación explosiva para 2026-2027
El sistema eléctrico colombiano enfrenta una presión técnica sin precedentes:
- La demanda ya supera la oferta, configurando un «apagón técnico».
- Proyecciones indican un déficit del -2% en 2026 (oferta vs. demanda), que podría ampliarse en 2027.
- Hay un 70% de probabilidad de un fenómeno de El Niño, que reduciría la generación hidráulica (hoy representa el 65% de la matriz) y obligaría a depender de plantas térmicas más costosas.
- En el último El Niño (2015-2016), el 53% de la energía provino de térmicas, muchas de las cuales hoy deben $1,3 billones a generadores.
«Si no llueve lo suficiente y no hay reservas en los embalses, el país podría enfrentar racionamientos. Pero el problema no es solo climático: es que no hay inversiones ni planes de contingencia«, advirtió un experto de Acolgen.
Proyectos paralizados y opacidad: 2.500 MW eólicos varados en La Guajira
Acolgen alertó sobre cuellos de botella críticos que frenan la transición energética:
- 2.500 MW de proyectos eólicos en La Guajira están detenidos por trámites y falta de infraestructura.
- El operador XM no publica datos del sistema desde hace seis meses, lo que nubla la toma de decisiones.
- Hay un déficit de transmisión con atrasos de hasta 13 años en obras clave.
- En 2026, solo ha entrado el 0,6% de la nueva energía esperada (se necesitaban 1.200 MW y apenas se incorporaron 7 MW).
Los gremios calculan que se requieren inversiones entre $10 y $13 billones para cubrir la demanda futura, pero la incertidumbre regulatoria y la falta de señales claras del Gobierno ahuyentan a los inversionistas.
«Sin reglas claras y sin pagos, ¿quién va a arriesgar su capital en Colombia? El mensaje que se envía es que aquí no se respetan los contratos«, cuestionó un directivo de Ser Colombia.
