Crisis en ISA: La Junta Directiva designó a Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado tras la suspensión de Jorge Carrillo, en medio de un proceso judicial que anuló su nombramiento por irregularidades.
Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía de ISA, asumirá el cargo de forma interina mientras se define un sucesor definitivo. La compañía, uno de los activos más estratégicos del Grupo Ecopetrol, aseguró que la operación y sus compromisos financieros no se verán afectados por esta transición.
«Respetamos las decisiones judiciales y garantizamos la continuidad del servicio», declaró ISA en un comunicado dirigido a inversionistas y grupos de interés.
¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Carrillo?
El Consejo de Estado ordenó reanudar el proceso de selección «a la mayor brevedad posible», utilizando la lista de aspirantes que ya habían sido evaluados. Estos son los nombres que suenan para asumir la presidencia:
- André Cangucú
- José Arosa
- Juan Ricardo Ortega
- Mónica Contreras
- Guillermo Fonseca
- Aurelio Bustilho
- Sandra Fonseca
El tribunal exigió que el proceso cumpla con el protocolo aprobado por el Comité de Talento Organizacional y mantenga la transparencia en cada etapa. ¿Logrará ISA evitar nuevos cuestionamientos en esta nueva fase?
Las irregularidades que llevaron a la anulación del nombramiento de Carrillo
El Consejo de Estado invalidó la elección de Jorge Carrillo por tres fallas graves en el procedimiento:
- Cambio de reglas: Los criterios de evaluación se modificaron cuando el proceso ya avanzaba, lo que permitió que Carrillo pasara de los últimos puestos a liderar la lista.
- Injerencia indebida: La junta directiva asumió funciones de calificación que correspondían exclusivamente al Comité de Talento, interviniendo en la evaluación técnica.
- Advertencia ignorada: Un informe de la firma cazatalentos contratada advirtió que el perfil de Carrillo no era adecuado para una empresa de la complejidad de ISA, pero la junta desestimó el concepto.
La decisión judicial deja en evidencia las debilidades en los procesos de selección de altos ejecutivos en empresas estatales. ¿Servirá este caso como precedente para futuros nombramientos?
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