Fórmula salarial en duda: El Consejo de Estado suspendió el aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026, exigiendo al Gobierno una justificación técnica reforzada en ocho días.
La decisión del alto tribunal no solo reabre el debate sobre cómo se fija el ingreso básico de más de 2,4 millones de trabajadores, sino que introduce incertidumbre en variables clave como la inflación, las tasas de interés y los bienes indexados al salario mínimo. Este fallo sienta un precedente en el control judicial sobre la política salarial, elevando el listón técnico para futuras medidas.
El Gobierno de Gustavo Petro incorporó el concepto de «salario vital», basado en un estudio de la OIT que estimó el costo de una canasta básica para un hogar de tres personas en $1.746.882 para 2025. La brecha de $323.382 entre este monto y el salario mínimo de 2025 ($1.423.500) justificó el aumento del 23,7%, según la administración.
Conflicto jurídico: ¿Salario vital vs. Ley 278?
El Gobierno argumentó que el salario vital es un derecho humano laboral que desarrolla el principio constitucional de remuneración mínima. Sin embargo, los demandantes señalaron que este criterio no está previsto en la Ley 278 de 1996, que establece parámetros como inflación, productividad y crecimiento del PIB.
El Consejo de Estado concluyó que, aunque el salario vital puede usarse como insumo auxiliar, en el decreto suspendido asumió un papel decisorio excluyente, desplazando los factores legales. Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, aclaró que el debate no es sobre la obligatoriedad de los criterios legales, sino sobre cómo se ponderan en la decisión final.
Impacto económico: inflación y tasas de interés en la mira
La suspensión del aumento generó incertidumbre en las expectativas inflacionarias. El Banco de la República ya había elevado su proyección de inflación para 2026 del 4,1% al 6,3%, y aumentó su tasa de interés a 10,25%.
Los demandantes propusieron un incremento del 6,21%, sumando la inflación causada en 2025 (5,30%) y la productividad (0,91%). Centros como Fedesarrollo y Anif coincidieron en que un rango entre 6% y 7% sería técnicamente viable, equilibrando el ingreso real de los trabajadores con la macroeconomía.
Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, advirtió que si el ajuste se reduce a un rango entre 6% y 10%, la inflación podría estabilizarse en 5,2% y la tasa de interés bajar hasta 70 puntos básicos.
Derechos adquiridos: ¿Qué pasará con los sueldos?
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la decisión, afirmando que se «juega con los ingresos de la gente» y no descartó acciones como una «tutelatón» para proteger un derecho adquirido. El Consejo de Estado aclaró que la suspensión no tiene efectos retroactivos sobre pagos ya realizados, pero el salario de $1.750.905 se mantendrá solo hasta la publicación del nuevo decreto transitorio.
Luis Fernando Ramírez, investigador económico, señaló que si el nuevo decreto reduce el salario, los empleadores podrían aplicar la rebaja sin riesgo jurídico. «Si eso pasa, podrían a esos trabajadores rebajarles el salario», advirtió.
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio en ocho días, con una motivación económica reforzada.
Bienes indexados: ¿Cómo se ajustarán?
El salario mínimo impacta directamente en matrículas educativas, multas de tránsito, cuotas de salud, topes de vivienda VIS/VIP y pólizas de seguros. Raúl Ávila, docente de la Universidad Nacional, explicó que si el decreto cae, el Gobierno deberá expedir nuevos decretos para ajustar estos valores, sin efecto retroactivo.
Si el incremento se reduce al 7%, los ajustes futuros se liquidarán sobre ese porcentaje, no sobre el 23,7%. «Esta situación implicaría efectos relevantes para las empresas», destacó Ávila.
La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) pidió mantener el salario en $2 millones, independientemente del fallo final. «Estamos haciendo un llamado a tratar de mantenerlo», dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
El salario mínimo impacta en bienes como matrículas educativas, multas de tránsito y cuotas de salud.
Próximos pasos: ¿Qué debe hacer el Gobierno?
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunirá el 16 de febrero para analizar el decreto transitorio. El Consejo de Estado exige una motivación sólida, con:
- Explicación detallada de la operación aritmética que conduzca al incremento.
- Peso específico de cada factor (inflación, productividad, PIB).
- Fuentes oficiales y análisis del impacto económico.
Petro en jaque:: El Gobierno insistió en que el nuevo decreto «seguirá los lineamientos constitucionales y conservará la orientación hacia un salario vital». Sin embargo, el alto tribunal advirtió que este concepto no puede desplazar los parámetros legales de la Ley 278.
El Gobierno insistió en que el nuevo decreto «seguirá los lineamientos constitucionales y conservará la orientación hacia un salario vital». Sin embargo, el alto tribunal advirtió que este concepto no puede desplazar los parámetros legales de la Ley 278.
Mientras tanto, el país enfrenta una pregunta clave: ¿Debe el salario mínimo resolver desigualdades estructurales o ajustarse estrictamente a criterios técnicos?
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