Gobierno en alerta: el impuesto al patrimonio se extendería a empresas para recaudar 8 billones de pesos, afectando a 15.000 compañías.
Medida del Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional busca ampliar el impuesto al patrimonio a personas jurídicas bajo una posible emergencia económica, con el objetivo de recaudar 8 billones de pesos. La medida impactaría a alrededor de 15.000 empresas en el país.
La propuesta establece que el impuesto comenzaría a aplicarse a patrimonios superiores a $10.000 millones. Para 2026, los patrimonios entre $10.000 millones y $31.424 millones pagarían una tarifa del 0,6%, mientras que aquellos que superen este último umbral enfrentarían una tasa del 1,2%.
Críticas de expertos y empresarios
José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que la medida podría convertirse en un obstáculo para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento económico. «Este impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo», señaló, subrayando su carácter excepcional.
La principal preocupación radica en que el tributo no grava las utilidades, sino el capital acumulado. Esto significa que las empresas deberían pagar incluso si registran pérdidas o carecen de liquidez, independientemente de si su patrimonio está compuesto por activos productivos.
Impacto en las utilidades empresariales
Pedro Sarmiento, socio de Crowe y académico de la Universidad de los Andes, explicó que el impuesto no se calcula sobre lo que las empresas ganan, sino sobre lo que poseen. «Es un gravamen al patrimonio, no a las utilidades», precisó.
Actualmente, las empresas en Colombia ya enfrentan un impuesto de renta del 35%, uno de los más altos a nivel global. La combinación de ambos tributos podría resultar en una carga fiscal insostenible para el sector productivo.
Sarmiento ilustró el impacto con un ejemplo: una empresa con un patrimonio de $300.000 millones y utilidades anuales de $12.000 millones (equivalente al 4%) tendría que pagar $3.600 millones por el impuesto al patrimonio del 1,2%. A esto se sumaría el 35% de renta, es decir, $4.200 millones adicionales.
En total, la carga tributaria alcanzaría $7.800 millones, lo que representa el 65% de las utilidades anuales. «No es presión fiscal razonable. Es asfixia financiera», criticó el experto.
¿De dónde saldrían los $8 billones?
Según las proyecciones, la suma de ambos impuestos podría absorber entre el 50% y 72% de las utilidades de las empresas, dependiendo de su tamaño y estructura patrimonial.
Sarmiento cuestionó la fuente real del recaudo: «No provendrán de las Pymes, sino de un grupo reducido de grandes empresas». Con un universo de 15.000 compañías y una meta de $8 billones, el promedio de pago por empresa superaría los $500 millones anuales.
Sin embargo, el experto aclaró que el recaudo estaría altamente concentrado. Si 2.000 grandes empresas aportaran el 80% del total, cada una debería pagar en promedio más de $3.200 millones anuales. En un escenario de mayor concentración, algunas empresas podrían enfrentar pagos superiores a $10.000 millones.
Consecuencias para las empresas
La medida podría generar una descapitalización masiva en el sector empresarial, con efectos directos en la economía nacional.
Entre los riesgos identificados se encuentran:
- Reducción de la inversión en expansión, innovación y modernización.
- Freno en la generación de empleo, ya que la inversión es clave para crear nuevos puestos de trabajo.
- Aumento del endeudamiento, pues algunas empresas podrían recurrir a créditos para cumplir con sus obligaciones tributarias.
- Posible relocalización de empresas o reorganización patrimonial para mitigar la carga fiscal.
Impuesto al patrimonio:: Mac Master destacó que esta medida se suma a otras recientes, como la reforma tributaria de 2022 , nuevos gravámenes al consumo de energía y ajustes regulatorios. «El ambiente actual, junto con la estigmatización del sector empresarial, configura un entorno adverso para la actividad productiva», advirtió.
Posición de la Andi
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) rechazó de manera contundente la propuesta, argumentando que gravar el patrimonio empresarial desincentivaría la inversión privada.
Bruce Mac Master, presidente del gremio, afirmó que el impuesto no solo representa una nueva carga fiscal, sino un mensaje claro: «Desincentiva a las empresas que buscan desarrollar proyectos productivos en Colombia».
Mac Master destacó que esta medida se suma a otras recientes, como la reforma tributaria de 2022, nuevos gravámenes al consumo de energía y ajustes regulatorios. «El ambiente actual, junto con la estigmatización del sector empresarial, configura un entorno adverso para la actividad productiva», advirtió.
Desde la perspectiva de la Andi, afectar a las empresas implica un golpe directo a la generación de empleo y oportunidades. En un contexto de desaceleración económica y caída de la inversión privada, un nuevo impuesto al patrimonio podría frenar planes de expansión y debilitar aún más el mercado laboral.
«¿Estamos dispuestos a pagar el costo de ahuyentar la inversión en un momento crítico para la economía?», cuestionó Sarmiento, cerrando el debate con una pregunta que refleja la incertidumbre del sector.
