Emergencia climática: El Gobierno de Gustavo Petro evalúa declarar una nueva emergencia económica para enfrentar la crisis que ha dejado miles de damnificados en varias regiones del país.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo prepara un ajuste al impuesto al patrimonio dirigido a 15.000 empresas con el fin de recaudar $8 billones. La medida se activaría si se concreta la declaratoria de emergencia, suspendida previamente por la Corte Constitucional.
El impuesto al patrimonio se aplicaría a empresas con patrimonios líquidos superiores a $10.000 millones, con tarifas progresivas que alcanzarían el 1,2% para aquellos que superen los $30.000 millones.
Cómo funcionaría el nuevo impuesto al patrimonio
Ávila aclaró que, en caso de declararse la emergencia, las medidas adoptadas no podrán repetir las disposiciones suspendidas por la Corte. Esto obliga al Gobierno a diseñar herramientas tributarias distintas para atender la coyuntura climática.
«El Gobierno no puede repetir disposiciones que hoy están suspendidas», advirtió el ministro durante el consejo de ministros celebrado en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por las inundaciones.
La propuesta del Ministerio de Hacienda se centra en un impuesto al patrimonio con criterio progresivo, similar a gravámenes aplicados en años anteriores. El objetivo es gravar únicamente a personas jurídicas con patrimonios elevados, excluyendo a pymes.
El umbral mínimo para la aplicación del impuesto sería de 200.000 UVT (unos $10.000 millones). Para 2026, las empresas con patrimonios entre 200.000 y 600.000 UVT ($10.000 millones a $30.000 millones) pagarían una tarifa marginal del 0,6%. Aquellas con patrimonios superiores a 600.000 UVT (más de $30.000 millones) enfrentarían una tarifa del 1,2%.
Actualmente, el impuesto al patrimonio en Colombia solo aplica para personas naturales, por lo que esta medida representaría un cambio significativo en la política tributaria.
Recaudación de $8 billones para atender emergencias
Según estimaciones oficiales, el impuesto impactaría a 15.000 empresas y generaría ingresos por $8 billones, destinados a la atención de inundaciones y la recuperación de municipios afectados. El gravamen se implementaría mediante un decreto posterior a la declaratoria de emergencia.
Los departamentos más golpeados por la crisis climática son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño, donde más de 27.000 familias han resultado afectadas por 256 eventos asociados a emergencias, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Presión jurídica y argumentos del Gobierno
La posibilidad de revivir la emergencia económica enfrenta desafíos legales. Expertos consultados señalan que el proceso será complejo, dado el precedente de la Corte Constitucional, que suspendió la anterior declaratoria por no cumplir con el criterio de imprevisibilidad.
El Gobierno argumenta que la situación actual sí cumple con este requisito. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, destacó que la crisis climática ha generado daños sin precedentes, con costos preliminares estimados en $8 billones para labores de recuperación.
«Esperamos que la Corte sea coherente con una realidad sobreviniente y evidente que exige medidas extraordinarias», declaró Ávila, subrayando la necesidad de actuar frente a la emergencia.
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Petro anunció que evaluará la declaratoria de una nueva emergencia económica para atender la crisis climática, con especial atención en Córdoba y Sucre.
