Polémica en Perú: Un contrato de US$800 millones en manos de un excolaborador de Daniel Quintero reaviva sospechas de corrupción en ISA.
El ascenso cuestionado de Jhonatan Villada
Jhonatan Stiven Villada Palacio, figura clave en el círculo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, escaló posiciones pese a su escasa experiencia. Tras ser secretario general en la Alcaldía, Quintero lo nombró vicepresidente jurídico de EPM en 2021, generando un escándalo por su falta de méritos.
Su designación en EPM fue rechazada en dos comités por no cumplir requisitos. Sin embargo, Quintero, como presidente de la Junta, impuso su nombramiento. Para justificar su experiencia, Villada presentó certificados de trabajo en una urbanización y en la empresa de su suegro, además de siete años como asesor de Sertrans, una cooperativa de transporte con contratos millonarios en la Alcaldía de Quintero.
La Fiscalía investigó irregularidades en un contrato de 17.700 millones de pesos entre Sertrans y la administración de Quintero, vinculando indirectamente a Villada. Su paso por EPM dejó dudas sobre su idoneidad para manejar los asuntos legales de una de las empresas más grandes de Colombia.
El escándalo en EPM: un patrón de irregularidades
La llegada de Villada a EPM no fue el único polémico. Jorge Carrillo, actual presidente de ISA y exgerente de EPM, también enfrentó cuestionamientos. Durante su gestión, se modificaron licitaciones para beneficiar a empresas específicas, como en el caso de Hidroituango.
La Contraloría investiga si hubo detrimento patrimonial de $500.000 millones por el cambio de contratista en Hidroituango. El proceso, lleno de irregularidades, terminó adjudicando el contrato a Yellow River, filial de Power China, pese a que su oferta era la más cara y con menor experiencia.
La Procuraduría advirtió sobre un «pliego sastre» que relajaba requisitos para favorecer a Yellow River. EPM declaró desierto el proceso inicial, pero en una nueva licitación, la empresa china volvió a ganar, esta vez con un contrato que casi duplicó su valor inicial, pasando de $410.000 millones a $900.000 millones.
El proyecto Yapay: ¿oportunidad o riesgo para ISA?
Villada reaparece ahora como director de Aprovisionamiento Corporativo de ISA, cargo clave en el proyecto Yapay, una línea de interconexión eléctrica de 1.100 kilómetros en Perú, con una inversión de US$700 a 800 millones. El proyecto, que ampliará la red de transmisión peruana en un 11%, fue adjudicado al consorcio colombiano en marzo de 2023.
El Consorcio Eléctrico Yapay está conformado por Red de Energía de Perú (REP), Consorcio Transmantaro (CTM) (ambas de ISA) y Dunas Energía S.A.A. (del Grupo de Energía de Bogotá). ISA maneja la mayor parte de las líneas de transmisión en Perú, lo que aumenta la relevancia estratégica del proyecto.
El proyecto Yapay atraviesa gran parte de Perú, desde Huánuco hasta Trujillo, y su ejecución está en fase preparatoria. Sin embargo, la presencia de Villada en Lima y su papel en la contratación de bienes y servicios han encendido alarmas entre analistas y fuentes internas.
¿Maniobras políticas detrás del contrato?
Desde su llegada a ISA, Villada ha actuado con rapidez. Según fuentes cercanas al proyecto, «pidió toda la información del proyecto a Cristian Remolina, funcionario con más de 15 años en ISA, y comenzó a reunirse con los contratistas». Remolina, quien fue gerente de ISA en Perú, fue trasladado a un cargo menor tras oponerse a las decisiones de Villada.
Villada intentó modificar el manual de contratación para permitir la participación de terceros no seleccionados inicialmente. Aunque su propuesta fue rechazada, su insistencia generó desconfianza. Además, se le acusa de ofrecer a los contratistas seleccionados («epecistas») la venta de sus sociedades a terceros, mencionando nombres como Oroz, Cossio y Fiori.
Estas acciones recuerdan al caso de Hidroituango, donde Quintero y Carrillo cambiaron a los contratistas originales, generando sobrecostos y sospechas de corrupción. La Contraloría aún investiga si hubo detrimento patrimonial en ese proceso.
Power China: un nombre que resuena en Medellín
La aparición de Power China en el proyecto Yapay ha generado preocupación. Esta empresa, vinculada a escándalos de corrupción en megaproyectos, ya había sido mencionada en Medellín durante la administración de Quintero.
En 2021, el sindicato de profesionales de EPM alertó sobre un «plan B» para adjudicar el contrato de Hidroituango a una empresa china. Finalmente, Yellow River, filial de Power China, ganó la licitación en un proceso cuestionado por la Procuraduría.
Power China es conocida por operar en países con débil control institucional, lo que aumenta los riesgos de favoritismos y sobrecostos. Su participación en Yapay podría ser una señal de que se repiten los patrones de EPM.
La dupla Carrillo-Villada: ¿un riesgo para ISA?
La preocupación por el proyecto Yapay no es solo por Villada, sino por la dupla que forma con Jorge Carrillo. Ambos trabajaron juntos en EPM, donde sus decisiones estuvieron rodeadas de polémicas. Ahora, en ISA, Carrillo como presidente y Villada como director de aprovisionamiento, repiten el mismo esquema.
En EPM, Carrillo enfrentó cargos disciplinarios por un contrato de vigilancia. La Personería de Medellín lo acusó de interés indebido en la celebración de contratos, una falta gravísima. El proceso fue similar al de Hidroituango: se declaró desierta una licitación para beneficiar a SOS Seguridad, empresa que no cumplía requisitos.
La gestión de Villada en la Alcaldía de Medellín también fue cuestionada. Como presidente de la Junta Directiva del Hospital General, aprobó cambios en el manual de contratación que permitían ampliar contratos hasta en un 50%, generando críticas por posible desmanejo de recursos. El hospital terminó en quiebra técnica al finalizar la administración de Quintero.
¿Qué sigue para el proyecto Yapay?
El proyecto Yapay es una prueba de fuego para ISA. Por un lado, es una oportunidad para demostrar que puede ejecutar un megaproyecto internacional con transparencia. Por otro, las acciones de Villada y Carrillo han generado desconfianza en el sector.
Villada ha negado conocer el proyecto Yapay, pero su presencia en Lima y sus reuniones con contratistas sugieren lo contrario. La pregunta que queda es: ¿se repetirán en Perú los mismos patrones de irregularidades que marcaron su paso por EPM?
El futuro del proyecto dependerá de la capacidad de ISA para garantizar procesos transparentes y evitar que intereses políticos o personales interfieran en su ejecución. De lo contrario, el riesgo de sobrecostos y corrupción podría poner en jaque no solo a ISA, sino también al Grupo de Energía de Bogotá, socio clave en el consorcio.
¿Logrará ISA demostrar que ha aprendido de los errores del pasado, o el proyecto Yapay terminará como otro capítulo de un patrón de irregularidades?
