Integración energética: Gustavo Petro y Donald Trump exploran reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte, clave para exportar gas entre Colombia y Venezuela.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar las sanciones contra la industria petrolera venezolana, lo que permitiría reanudar las relaciones comerciales entre Ecopetrol y Pdvsa. La propuesta, presentada durante su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, incluye un esquema de integración energética binacional basado en infraestructura existente, con participación de Ecopetrol, Monómeros y proyectos vinculados a petróleo, gas natural y energía eléctrica.
Petro destacó que Trump vio una «posibilidad inmediata» para que Ecopetrol lidere la reactivación energética del occidente venezolano, complementada con energía eléctrica limpia desde Colombia.
El gasoducto Antonio Ricaurte: la infraestructura que divide opiniones
El gasoducto binacional Antonio Ricaurte, principal vía para exportar e importar gas entre ambos países, vuelve a ser el centro del debate. Expertos consultados por Info Radar 24 analizan las implicaciones de una posible flexibilización de sanciones para este activo estratégico.
Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, señala que un levantamiento parcial de las restricciones de la OFAC abriría la puerta a negocios entre Ecopetrol y empresas colombianas en Venezuela. Sin embargo, advierte que «no se trata de un proyecto de corto plazo».
Según sus estimaciones, reactivar el gasoducto tomaría entre 9 y 12 meses e implicaría inversiones superiores a US$30 millones. Vera enfatiza que el Gobierno debe considerar esta opción como un complemento a otras fuentes de importación de gas, con «realismo sobre los tiempos, costos y el precio final».
El experto estima que, en el mejor escenario, Colombia no tendría gas venezolano antes del segundo trimestre de 2027 y plantea si Ecopetrol debería liderar el proyecto o delegarlo a terceros para garantizar eficiencia.
Sanciones, riesgos y geopolítica: los obstáculos reales
Orlando Palomino, director de la Maestría en Recursos Energéticos de la Udes, distingue dos planos críticos: el jurídico-financiero de las sanciones y el técnico-comercial del gasoducto.
Actualmente, el mayor freno para que Ecopetrol haga negocios con Pdvsa no es técnico, sino político, debido al riesgo de sanciones secundarias de EE.UU., que encarecen financiamiento, tecnología y seguros. Palomino explica que si Washington concede una licencia clara o levanta restricciones específicas para operaciones Ecopetrol-Pdvsa, el Antonio Ricaurte dejaría de ser un «activo congelado» y reduciría riesgos para bancos y socios.
No obstante, advierte que «eso no garantiza una operación plena». La crisis productiva y financiera de Pdvsa, agravada por su dependencia de alianzas externas, genera dudas sobre su capacidad para asegurar volúmenes estables y mantenimiento a largo plazo.
El académico plantea tres escenarios posibles: una reactivación parcial para cubrir déficits puntuales en Colombia; un uso táctico si la flexibilización de sanciones es temporal; o que el gasoducto siga siendo una «ficha política» infrautilizada por la incertidumbre geopolítica.
El gasoducto Antonio Ricaurte, con 224 km de longitud, fue construido en 2007 con una inversión de US$335 millones.
Una oportunidad histórica, pero con desafíos técnicos
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, recuerda que si Trump atiende la solicitud de Petro, se abriría una ventana para reactivar el acuerdo de cooperación firmado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, que permitió construir el gasoducto, inactivo desde 2015.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, advierte que Ecopetrol solo podría colaborar sin afectar su presupuesto de inversiones, ya aprobado. Además, señala que el debate es complejo: «Uno de los puntos más sensibles es la idea de refinar en Colombia crudo venezolano».
Restrepo cuestiona si Colombia tiene capacidad de refinación sobrante para procesar crudos pesados venezolanos, que requieren procesos más costosos y complejos. «¿Es un mero anuncio de humo como tantos que hace este gobierno?», se pregunta.
La discusión sobre importar gas desde Venezuela no es nueva. Desde 2007 existe un acuerdo que autoriza a Ecopetrol y Pdvsa a comprar, vender y transportar gas a través del Antonio Ricaurte. En noviembre de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la primera exportación a Colombia «ya está lista en la frontera», pero los obstáculos jurídicos y operativos lo impidieron.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), descartó en la Cumbre de Petróleo y Gas de Cartagena que esta posibilidad se materialice en el corto plazo. «La infraestructura no está en condiciones de operar», afirmó, señalando que su reparación tomaría entre 1,5 y 2 años. Además, subrayó que cualquier avance depende de las restricciones de la OFAC, aún vigentes.
Infraestructura deteriorada y cifras clave
El gasoducto Antonio Ricaurte, construido por Pdvsa en 2007, tiene una capacidad de transporte de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. De sus 224 km de longitud, 88 están en territorio colombiano. Venezuela posee reservas probadas de gas cercanas a los 197 billones de pies cúbicos, ubicándose como la octava mayor del mundo.
Sin embargo, el prolongado abandono del ducto ha causado un avanzado deterioro. La infraestructura presenta tramos desmantelados y saqueados desde que Colombia dejó de suministrar gas a Venezuela en 2016. Documentos de Pdvsa confirman que el gasoducto permanece inactivo por «afectaciones realizadas por terceros no identificados».
Aunque técnicos venezolanos adelantan inspecciones, aún no hay claridad sobre las reparaciones específicas ni un cronograma de ejecución.
Venezuela cuenta con las octavas mayores reservas de gas del mundo, pero su infraestructura energética está en crisis.
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