Polémica en Colombia: El Gobierno Nacional retiró temporalmente el Proyecto de Ley 347 de 2026, que buscaba sancionar el transporte informal pero generó alerta por su impacto en plataformas digitales como Uber, Didi y Yango.
El proyecto, radicado el 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, proponía herramientas de inspección y control, pero fue interpretado como una prohibición encubierta para apps de movilidad, con multas de hasta 30 salarios mínimos por servicio.
Sanciones millonarias y riesgo para la economía digital
Empresas tecnológicas, gremios y conductores advirtieron que el texto afectaría el empleo y la movilidad urbana. Según datos del sector, 1,2 millones de conductores generan ingresos mediante estas plataformas, utilizadas por 21 millones de usuarios en el país.
Las multas, que podrían acumularse por cada viaje, alcanzarían cifras récord: hasta $39 millones por conductor por servicio, según cálculos del sector. Esto desató protestas por considerarlas «desproporcionadas y punitivas».
Gobierno retrocede y promete ajustes
Ante la presión, el Gobierno retiró el proyecto para revisar su redacción. Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, explicó la decisión:
«Considerando las múltiples interpretaciones erróneas del Proyecto de Ley 347 de 2026, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para ajustar el articulado y reflejar los acuerdos con los gremios de carga», señaló Serna.
El texto original incluía inmovilización de vehículos y medidas contra plataformas, lo que generó temor por un exceso de control estatal. Desde el Ejecutivo aclararon que el objetivo es combatir el transporte ilegal sin afectar la movilidad digital.
¿Qué decía el polémico proyecto?
El Proyecto de Ley 347 de 2026 buscaba:
- Multas de hasta 30 salarios mínimos por servicio en plataformas no reguladas.
- Inmovilización de vehículos vinculados a transporte informal.
- Sanciones directas contra apps de movilidad por facilitar servicios no autorizados.
El retiro temporal abre un debate sobre cómo equilibrar regulación y economía digital en Colombia.
