Cambios históricos: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció una amnistía para presos políticos y el cierre de El Helicoide, centro de torturas en Caracas.
La mandataria propuso este viernes, durante la apertura del año judicial, una amnistía general para detenidos por motivos políticos desde 1999 y el cierre definitivo de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El lugar, señalado por ONG y opositores como el principal centro de torturas del país, sería transformado en un espacio social, deportivo, cultural y comercial para funcionarios policiales y comunidades aledañas.
«Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que sirven como centro de detención, se conviertan en un espacio para la vida social y comunitaria», declaró Rodríguez.
El Helicoide: de centro comercial a símbolo de represión
Construido en los años 50 como un ambicioso proyecto comercial, El Helicoide nunca cumplió su propósito original. Con el tiempo, se convirtió en la sede del Sebin y la Policía Nacional Bolivariana, donde organizaciones como la Misión Internacional Independiente de la ONU han documentado torturas, tratos crueles y abusos. El régimen chavista ha negado estas acusaciones de manera sistemática.
El anuncio llega semanas después de que el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, mencionara el cierre de una «cámara de torturas» en Caracas, en el marco de diálogos entre Washington y el gobierno encargado de Rodríguez.
Amnistía sin impunidad: los límites del perdón
Rodríguez detalló que la ley de amnistía, que su gobierno presentará «en las próximas horas» a la Asamblea Nacional, buscará reparar heridas políticas y fomentar la convivencia. Sin embargo, excluirá a condenados por homicidios, tráfico de drogas o violaciones de derechos humanos.
«Queremos una ley que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», afirmó la mandataria, quien también pidió a los excarcelados y presos políticos evitar «la venganza, la revancha o el odio».
Según la ONG Foro Penal, 711 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, una cifra que el régimen desestima al argumentar que enfrentan cargos penales comunes, muchos vinculados a terrorismo.
