Transformación industrial en México: Querétaro se consolida como epicentro de centros de datos, pero el crecimiento tecnológico contrasta con desigualdades sociales y ambientales.
En noviembre de 2025, la carretera México-Querétaro se inunda de anuncios publicitarios que ofrecen lotes industriales y residencias privadas. El tramo, en plena ampliación, refleja el caos vehicular de una región en venta. Al llegar a Colón —municipio vecino al Aeropuerto Internacional de Querétaro—, los letreros publicitarios dan paso a imponentes parques industriales donde operan multinacionales como Pilgrim’s, Bombardier, Volkswagen y DHL. Ahora, un nuevo actor domina el paisaje: los centros de datos de gigantes como Amazon Web Services (AWS), Microsoft y ODATA, instalados en el parque industrial VYNMSA, donde un cartel reza: «Building Growth Together». La paradoja es evidente: el crecimiento no es para todos.
En solo cinco años, Querétaro se ha convertido en el principal destino de centros de datos en México, albergando 20 de estos complejos —el 79% de la capacidad instalada nacional Empresas como Microsoft, Google, AWS y Oracle han invertido miles de millones en infraestructura de hiperescala, con proyecciones de expansión acelerada. Las autoridades estatales sueñan con convertir la región en un «Valle de los Data Centers», inspirado en Silicon Valley. Sin embargo, detrás de los números récord, persisten preguntas incómodas: ¿Quién se beneficia realmente? ¿A qué costo ambiental y social?
El «Valle de los Data Centers»: promesas de inversión y sombras de opacidad
En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica: 4,800 millones de dólares de la empresa CloudHQ para construir seis centros de datos en 52 hectáreas (equivalente a 70 canchas de fútbol), con una capacidad inicial de 288 MW y potencial para alcanzar 900 MW —cuatro veces la capacidad actual de toda la entidad—. Sheinbaum destacó la necesidad de energía y de que estas inversiones generen «beneficios a la comunidad», aunque sin precisar cómo. Mientras, el secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco del Prete, cifró en 200 MW la capacidad instalada actual, con proyecciones de duplicarla en una década. La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), sin embargo, es más ambiciosa: estima 1,120 MW para 2030 y una inversión acumulada de 18,000 millones de dólares.
«El 50% de los centros de datos quieren estar en Querétaro«, afirma Adriana Rivera, directora ejecutiva de MEXDC. Las empresas han encontrado en el estado un aliado clave: «un gobierno «pro-industria»», añade. Pero este entusiasmo contrastan con advertencias globales. La ONU alerta que, para 2030, la inteligencia artificial consumirá el doble de electricidad que Francia en un año, y ni siquiera los avances en energías limpias de países como China garantizarían un desarrollo sostenible.
Del Prete presumió en un evento industrial que «los datos de todas las empresas de México están alojados en Querétaro», frisando el poder estratégico de la entidad. El gobernador Mauricio Kuri reveló que el 60% de las inversiones anunciadas durante su administración —unos 20,000 millones de dólares corresponden a centros de datos. Sin embargo, los beneficios para la población local son difusos. En el tercer trimestre de 2025, empresas como Alphabet (Google), AWS y Microsoft reportaron ganancias estratosféricas: 102,000, 33,000 y 77,000 millones de dólares, respectivamente. OpenAI, mientras, supera los 730,000 millones de dólares en valoración. ¿Dónde queda el desarrollo local?
«Las empresas de tecnología americanas operan bajo la mentalidad de «el ganador se lo lleva todo»«, explica Masheika Allgood, fundadora de la consultora AllAI. En lugar de replicar este modelo, advierte, los países deberían definir su propia visión de prosperidad y elegir tecnologías alineadas a sus necesidades reales. Pero en Querétaro, la estrategia parece clara: atraer inversiones a cualquier costo. Del Prete, por ejemplo, ha promovido acuerdos con la Asociación de Data Centers en España y la Embajada de Estados Unidos, sin transparencia sobre los términos.
El «milagro» que no llega a todos: educación, empleo y brechas sociales
Norma Angélica Trejo, de 18 años, estudia Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Su sueño es trabajar para Microsoft o AWS, empresas que ofrecen salarios iniciales de 22,000 pesos mensuales para puestos operativos —una cifra inalcanzable para la mayoría en Colón, donde el 80% de la población no termina la preparatoria y solo el 4% tiene estudios universitarios. «Es como un sueño para mí», confiesa Trejo, quien complementa su formación con cursos de inglés y tutoriales en YouTube y Coursera. Su mensaje a las tecnológicas es claro: «Me gustaría que le dieran más oportunidades al mexicano».
La industria promete empleo, pero los números revelan otra realidad. Aunque cada anuncio de inversión incluye estimaciones de miles de empleos, la generación real es modesta: menos de 200 puestos permanentes y alrededor de 1,500 temporales por proyecto. AWS, por ejemplo, proyecta 7,000 empleos anuales; Google, 117,000 para 2030; y Microsoft, 300,000 para 2028. Sin embargo, estos números chocan con testimonios como el de Alejandro Jiménez, ejidatario de Viborillas, quien nunca ha recibido oportunidades laborales de la industria. Jiménez, de 49 años, trabaja desde los 17 en dos turnos: noches en una empresa avícola y mañanas cultivando su parcela. «Vivimos al día», admite. «Es muy desgastante».
La brecha educativa es un obstáculo clave. Adriana Rivera, de MEXDC, reconoce que, aunque hay convenios con universidades para formar talento local, «todavía queda mucho trabajo por hacer». José Carlos Arredondo, director del Conalep Querétaro, califica a los centros de datos como «un milagro» para el estado, pero admite que el margen para distribuir sus beneficios es limitado. El presupuesto municipal de Colón —con 68,000 habitantes en 2025 fue de apenas 600 millones de pesos, menos del 1% de lo que AWS invirtió en su región de nube en Querétaro.
Mientras jóvenes como Trejo sueñan con empleos tecnológicos, otras realidades persisten. María Trinidad Tapia, de 46 años, trabajó 10 años en una nave industrial ganando 6,500 pesos mensuales. Sus hijos, al terminar la preparatoria, optaron por trabajar en lugar de estudiar. «Ellos ya quieren comprarse sus cosas», explica. Hortencia Huerta, de 58 años, cuida a sus nietos mientras su hija y yerno laboran en dobles turnos en fábricas. Para ella, la industria ha traído empleo, pero también «destrucción»: «Ya nos están dejando sin nada. Los campos, los cerros, todo se está urbanizando».
Los últimos ejidatarios: entre la resistencia y el despojo
La transformación de Colón —de tierras agrícolas a parques industriales— lleva 25 años en marcha, impulsada por desarrolladores inmobiliarios y autoridades estatales que han adquirido tierras ejidales mediante procesos que la investigadora Mariana Lorena García califica como «acaparamiento y despojo». «Se les promete desarrollo, pero nunca llega», denuncia. Las nuevas vialidades, añade, «no conducen a las comunidades, sino a los parques industriales». Los recursos y la infraestructura están «acaparados» por los centros de datos.
La parcela de Alejandro Jiménez —casi 8 hectáreas— ahora está rodeada por parques como Vesta, donde operan Microsoft y Ascenty. Mientras él cultiva maíz, cebada, sorgo y trigo, sus vecinos son granjas de servidores y subestaciones eléctricas. Francisco Javier Ferruzca, otro ejidatario, vendió en 2003 un terreno del tamaño de un campo de fútbol por 30,000 pesos, una cantidad que considera «muy por debajo de su valor real». «Vienen puros que quieren pagar barato», advierte. Aunque no se opone a la industria, exige «un piso parejo» en las negociaciones: «¿Me pagas bien mi parcela? Yo voy a otro lado».
La venta de tierras también afecta a negocios locales. Francisca Vega, dueña del restaurante Las Cazuelas de las Vías, inició su negocio hace 25 años junto a las vías del tren. Aunque la industria ha traído clientes —principalmente trabajadores—, la competencia y la presión inmobiliaria crecen. «Ahorita ya se están llenando las parcelas», comenta. Su suegro perdió su terreno cuando los dueños lo vendieron para construir un camino hacia el parque Vesta.
Opacidad y agua: los costos ocultos de la digitalización
El secretario Marco del Prete destacó en un evento la importancia de la educación, pero su gestión ha sido criticada por la falta de transparencia. Manuel Rodríguez, delegado municipal de La Esperanza, se enteró de la llegada de Microsoft no por canales oficiales, sino por los anuncios públicos del gobernador. «El manual es el manual», ironiza Masheika Allgood, refiriéndose a la opacidad sistemática de la industria en EE.UU., donde las empresas evaden revelar su consumo de agua y energía, amparadas en secretos comerciales.
En Querétaro, ni los tres niveles de gobierno han transparentado detalles clave: permisos ambientales, concesiones de agua, consumo energético o ubicación exacta de los centros. Investigaciones periodísticas han documentado irregularidades, como la donación de un predio de 518,000 m² a CloudHQ y la exención de evaluaciones de impacto ambiental. La empresa afirma haber cumplido los estudios, pero se niega a compartirlos. «¿Por qué ocultarlo?», cuestiona la periodista Daniela Dib, quien ha investigado centros de datos en Chile y México.
Rodríguez no se opone a los centros de datos, pero prioriza necesidades básicas: «A Colón le sobra industria, pero falta médicos, escuelas, alcantarillado y calles pavimentadas». La pregunta clave es: «¿Cuál es la calidad de empleo que se ofrece? ¿El de obrero?».
El agua: el conflicto invisible detrás de los servidores
El agua es el eje de tensiones sociales en Querétaro. La denuncia «No es sequía, es saqueo» resume el descontento por políticas como la ley estatal de 2022, que privatiza la operación del servicio. Teresa García Gasca, exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuestiona: «¿Por qué a la industria se le provee agua de primera calidad con concesiones masivas, mientras a la gente se le raciona?». El gobierno atrae inversiones garantizando suministro, pero 8 de los 11 acuíferos del estado están sobreexplotados.
Los centros de datos son grandes consumidores de agua para enfriar servidores. Aunque AWS afirma no usarla y Microsoft limita su consumo a dos meses al año, Del Prete compara su impacto con el de «un hotel para 200 personas» —una analogía cuestionada—. La falta de datos precisos alimenta desconfianza. En La Pila, una comunidad alejada de los parques industriales, el delegado J. Sacramento Aguillón cultiva maíz y frijol de temporal, dependiendo de lluvias cada vez más erráticas. «Nunca nos hemos calado a hacer un pozo porque no nos alcanza», explica. Su esperanza es que las futuras generaciones accedan a empleos dignos, aunque él, a sus 63 años, siga apostando por la tierra.
El conflicto por el agua trasciende Querétaro. En Monterrey, la expansión de centros de datos coincide con una crisis hídrica aguda. A nivel global, comunidades en EE.UU., Chile y Uruguay han frenado proyectos por 98,000 millones de dólares (entre marzo y junio de 2025), exigiendo transparencia sobre consumo hídrico y emisiones. En Querétaro, las demandas ciudadanas aún no han logrado diálogos ni apertura gubernamental.
«El único futuro que tiene nuestro país es el futuro digital«, declaró Enrique Perezyera, director de Microsoft México, en 2022. Pero para ejidatarios como Alejandro Jiménez, el futuro es incierto. Sus hijos —un ingeniero, un técnico y un estudiante de mecatrónica— ya eligieron caminos alejados del campo. Él, sin embargo, se resiste a vender: «Nosotros somos muy arraigados a la tierra». Mientras, en La Pila, Aguillón remodela un centro comunitario al que llamó, irónicamente, «Polo de Desarrollo». El tiempo dirá si la apuesta por los datos traerá prosperidad o profundizará las desigualdades.
Querétaro vs. el mundo: ¿Un modelo de desarrollo o una burbuja insostenible?
Mientras Querétaro se autoproclama el \»Valle de los Data Centers\» de Latinoamérica, su modelo de crecimiento acelerado repite patrones observados en otras regiones del mundo, donde la llegada masiva de infraestructura digital ha generado efectos económicos asimétricos y tensiones con comunidades locales. A diferencia de casos como Singapur o Irlanda —donde los centros de datos se integraron a estrategias nacionales de innovación con inversiones paralelas en educación técnica—, en Querétaro la expansión parece responder más a incentivos fiscales y flexibilidad regulatoria que a un plan de desarrollo inclusivo. Según informes de la industria, países como Dinamarca y Suecia exigen a las tecnológicas que al menos el 30% de sus empleos sean locales calificados, además de financiar programas de reconversión laboral. En México, no hay métricas públicas que evalúen estos compromisos.
El consumo energético es otro punto ciego. En Virginia (EE.UU.), epicentro global de data centers, el crecimiento de la demanda eléctrica ha superado la capacidad de la red, obligando a posponer proyectos por hasta 5 años. Querétaro enfrenta un riesgo similar: aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en 2024 la construcción de 3 subestaciones exclusivas para la zona, analistas advierten que la dependencia de energías fósiles (el 63% de la matriz eléctrica mexicana) podría convertir a la región en un cuello de botella para la transición verde. Más preocupante aún es el precedente de Ashburn (Virginia), donde los centros de datos ya consumen el 20% de la electricidad local y han disparado las tarifas para residentes en un 15% anual. En Querétaro, donde el 40% de los hogares vive con ingresos menores a 2 salarios mínimos, un escenario así sería devastador.
- Dependencia de subsidios: Empresas como AWS y Microsoft han recibido en otros países exenciones fiscales por décadas (ejemplo: Luxemburgo, donde Amazon pagó 0% de impuestos entre 2016 y 2022). En México, no hay claridad sobre los beneficios otorgados más allá de los anuncios de inversión.
- Efecto \»isla tecnológica\»: En Dublín, los data centers generan el 14% del PIB irlandés, pero el 70% de los empleos son para extranjeros. Querétaro podría replicar este patrón si no acelera la formación de talento local en áreas como ciberseguridad o mantenimiento de hiperescala.
- Riesgo de obsolescencia: La vida útil promedio de un centro de datos es de 10-15 años. Regiones como Holanda ya enfrentan el desafío de qué hacer con infraestructura abandonada cuando las empresas migran a ubicaciones con menores costos.
El dilema de la próxima década
El verdadero test para Querétaro no será cuántos centros de datos atrae, sino qué quedará cuando la fiebre tecnológica pase. Países nórdicos como Finlandia han logrado equilibrar la atracción de inversiones con fondos soberanos que reinvierten ganancias en infraestructura social. México carece de un mecanismo similar. Sin él, el \»milagro\» de Querétaro podría terminar como otros ciclos industriales en el país: fábricas que llegan, empleos precarios que van, y comunidades que heredan solo los costos ambientales. La pregunta no es si la digitalización es inevitable, sino quién pagará la factura de sus externalidades cuando las tecnológicas decidan que el próximo \»valle\» está en otro lado.
